Vídeo de reunión entre pandilleros y varios políticos existe; es prueba ofrecida por FGR

En sus redes sociales, la Fiscalía le pidió a un medio impreso nacional que se retractara de la información sobre que la FGR había evitado ver los vídeos en el juicio.

 

Foto: Periódico Equilibrium.

Las grabaciones realizadas por el testigo Noé con un teléfono celular, una grabadora y un reloj, en el que se vería al entonces candidato Presidencial de ARENA, Norman Quijano, reunido con cabecillas de las pandillas, para pedir el voto, sí existen.

Esos vídeos fueron entregados a la Fiscalía General de la República y de ello la misma institución ha dicho que “son prueba” agregados al proceso en el caso de Operación Cuscatlán, donde se procesa a 425 pandilleros.

Hay un vídeo de unos 27 minutos, y en el minuto 3, con segundos, se vería a Quinajo en la reunión pandilleril.

Noé dice que también filmó y grabó a José Luis Merino, Arístides Valencia y Medardo González, del FMLN, además de Ernesto Angulo y Ernesto Muyshondt, de ARENA.

Ninguno de los dos partidos mencionados por el testigo en relación con estas reuniones, se han pronunciado ni si quiera en sus redes sociales. Pero el Presidente de la Asamblea Legislativa Norman Quijano se defendió diciendo que hay contradicción en el dicho del testigo criteriado y que pedir el voto como se dijo en la audiencia al final de los alegatos, es lo normal de un candidato.

Fuentes del Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador, indicaron que en el vídeo donde se grabó a Ernesto Angulo, “se observaba que Quijano les pedía el voto a los pandilleros a cambio de políticas que los beneficiaran para la reinserción a la sociedad”.

La fuente agrega que “también se observaba cuando Quijano escuchaba las peticiones de los pandilleros y que, al concluir esta reunión, siete días antes de las elecciones del 2014, Quijano les dijo que el siguiente día se iba a reunir con pandilleros de Santa Ana y Sonsonate”.

Divergencias por vídeos

Inicialmente se informó a través de los diversos medios de comunicación que fue la misma Fiscalía General de la República la que había solicitado al tribunal pertinente que no se revelaran los vídeos en el juicio, argumentando que el mismo se extendería demasiado; de hecho, se desistió de un buen número de testigos de cargo.

El juez afirmó que desistir de la presentación de los vídeos fue una decisión basada en la estipulación de la prueba por parte de la Fiscalía con la anuencia de la defensa.

En vista que la Fiscalía informó posteriormente que la decisión de prescindir de los vídeos y grabaciones fue decisión del tribunal, el juez del mismo dijo lo siguiente este jueves: “que ésta mal información puede generar perjuicios sobre cómo se está manejando la audiencia, porque la decisión de estipular la prueba es de las partes pertinentes en el caso y desde el inicio ustedes como Fiscalía solicitaron estipular toda la prueba documental”, acotó el juzgador.

Agregó: “yo soy juez de la República y no tengo nada que esconder, es más, la prensa ha estado presente en todo el proceso y nunca se le ha coartado el derecho a la información, pero no se puede dañar la imagen de una institución para defender la imagen de otra institución”.

Posteriormente, el Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Crimen Organizado de la FGR aceptó, durante un receso y ante los medios de comunicación, que ellos desde un inicio solicitaron la estipulación de toda la prueba documental y pericial, como mandato de la Constitución de la República.

No presentar el vídeo tendría por fin proteger la integridad del testigo criteriado.

La Operación Cuscatlán

Todo esto se ha conocido luego de concluir los alegatos por la Operación Cuscatlán en el que la FGR le solicitó el tribunal que, de encontrar culpables a los procesados se les impusiera 30 años de prisión por cada homicidio agravado, 15 años por tráfico de armas y organizaciones terroristas, diez años por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y seis años por agrupaciones ilícitas.

Cabe destacar que en los incidentes la FGR solicitó el cambio de delito de organizaciones terroristas a agrupaciones ilícitas, esto debido a que la pandilla fue investigada desde 1994 y en ese año aun no eran recocidas como organizaciones terroristas.

 

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