El sindicato pide que se ordene a los partidos políticos que se han aprovechado de este acto ilegal, que devuelvan el dinero correspondiente a los descuentos de los últimos tres años, en el entendido que la nueva administración de la Asamblea Legislativa erradicará esa práctica.
Foto: Redes sociales.
San Salvador. El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) ha presentado un recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra la “cuota partidaria” que se aplica a empleados de la Asamblea.
Como se ha conocido, en la Asamblea Legislativa las plazas son abiertas para favorecer a los familiares, adeptos, afiliados de los partidos que representan los diputados, pero a cambio de una cuota con la que, en teoría, se sostiene al partido como institución.
Históricamente los dirigentes partidarios jamás han dado cuentas del uso de ese dinero que mensualmente entra a sus arcas y se desconoce el destino final de dicha “cuota”.
Pero diputados como Jorge Schafik Handal y Guillermo Gallegos, justificaron que esta cuota es voluntaria y que los trabajadores firman una carta autorizando el descuento; por tanto, consideran que no hay nada que devolver.
Dirigentes del sindicato han pedido urgentemente que se emita una medida cautelar para que los partidos se abstengan de cobrar la referida cuota, a través de la Junta Directiva de la Asamblea y de la tesorería de la institución, la cual avala la retención del salario de los trabajadores.
Los agremiados reclaman que esa cuota no está amparada por ninguna ley, menos para la Constitución de la República; también le piden a la Sala que ordene que ninguna jefatura de la institución obligue a nadie a entregar cuotas en efectivo.
Pero no solo eso, el sindicato aspira a que la Sala les ampare, no solo para que se declare ilegal ese descuento obligado, sino que se repare el daño económico causado por los descuentos.
En tal sentido, el sindicato pide que se ordene a los partidos políticos que se han aprovechado de este acto ilegal, que devuelvan el dinero correspondiente a los descuentos de los últimos tres años, en el entendido que la nueva administración de la Asamblea Legislativa erradicará esa práctica.
