Alegan que el ahora exfuncionario tiene vínculos con el partido de izquierda y que eso lesiona la imparcialidad con la que debe actuar un juez de este organismos que debe garantizar los resultados del orces electoral.
Foto: RNES/Peródico Equilibrium.
A partir de este viernes ha quedado suspendo el abogado Jesús Ulises Rivas Sánchez en el ejercicio del cargo como Magistrado Propietario del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En consecuencia, el ente colegiado, deberá llamar oportunamente al suplente respectivo, de conformidad con la ley.
Dada la relevancia que tienen en las democracias los procesos electorales, esta Sala ha insistido que quienes ejercen la justicia electoral deben estar desprovistos de todo vínculo formal y material con los partidos políticos, como garantía de su imparcialidad, dice la Sala en su resolución.
Es del conocimiento público que en los años 2018 y 2019, se celebrarán en el país elecciones para Diputados y Concejos Municipales y para Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente, recuerda la Sala para sugerir que es obvio que en la preparación y ejecución de tales elecciones se adoptarán decisiones trascendentales e inmediatas orientadas a la futura integración de los principales órganos del Gobierno y gobiernos locales.
El funcionario cuya elección ha sido impugnada mediante este proceso, está participando en dicha toma de decisiones, lo cual podría poner en riesgo el carácter independiente e imparcial que se impone por la Constitución al TSE, especialmente en relación con los partidos políticos que actúan como entes interesados en los eventos electorales referidos, justifican los magistrados para defender la suspensión.
La Sala advierte que “el riesgo a la independencia e imparcialidad del TSE se agrava más cuando el magistrado Rivas Sánchez continúa sosteniendo de manera pública y notoria, el apoyo que en su momento dio a la fórmula presidencial propuesta por un partido político”.
Para las autoridades de la Sala, esto demuestra el riesgo inminente de ocasionar un perjuicio a la objetividad y transparencia de los procesos electorales en curso; todo lo cual justifica, aún más, la adopción de una medida cautelar.
En efecto, la permanencia, en el órgano decisor que debe fungir como árbitro independiente e imparcial de los procesos electorales, de una persona que efectúa reiteradas manifestaciones públicas de apoyo a un partido político puede afectar la objetividad que sostiene la indispensable confianza de los ciudadanos en este importante órgano del Estado.
