En una parte del documento en el que los magistrados dicen que se trata de aclarar algunos hechos en relación con las resoluciones de la Sala , niegan tener asesores, pero sí dice que se trata de colaboradores jurídicos.
Foto referencial: Periódico Equilibrium.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron este miércoles un comunicado oficial en el que se defienden de los señalamientos de diversos funcionarios del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, quienes consideran que las resoluciones de la Sala afectan el desarrollo del país.
Tras aclarar que por ley y por petición de alguna persona que demanda la inconstitucionalidad de una ley por advertir violaciones legales, la Sala está facultada a declarar la ilegalidad o no de éstas, los magistrados aseguran que las personas que ostentas cargos públicos o que representan al partido oficial, hacen falsas acusaciones.
Los jueces constitucionalistas se refieren particularmente a las resoluciones sobre decretos legislativos como el de la colocación de bonos por $900 millones; “se está analizando el proceso de formación de ley y no la conveniencia o no de adquirir esos fondos”, destacan los magistrados.
También hablan de la admisión de la demanda por la publicación de la lista de deudores del fisco, a nivel empresarial. Es falso que se haya determinado que no se publiquen los nombres, como lo hacen creer las representaciones institucionales que critican esta resolución, dicen.
asimismo calificaron de falso el señalamiento respecto a que la Sala ha prohibido la compra directa de medicamentos, pues se mantiene la contratación directa en casos de calamidad pública. Las autoridades de Salud han dicho que esta resolución de la Sala que declara ilegal el artículo 72 letra k, de la Lacap afecta a la población, lo cual no es cierto porque se deja vigente la disposición legal que permite la compra directa pero solo en los casos que establece la ley, apuntaron.
Otros casos justificados por la Sala son el del Fonat, que atiende a víctimas de accidentes de tránsito, y el del pago de impuestos por llamada telefónica, ambos declarados ilegales por constituir un doble tributo.
