Sala Constitucional declara ilegal Decreto Legislativo 781

Presidente Bukele: “queda claro que los diputados NUNCA financiaron legalmente FOMILENIO II y TAMPOCO las pensiones de los veteranos, ni el FODES. Todo lo que dijeron era mentira. Hasta a sus alcaldes engañaron”.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en la controversia sobre el caso de los reajustes que los diputados promovieron en el Presupuesto General de la Nación de este año, que la Asamblea Legislativa incurrió en una ilegalidad.

Los magistrados dieron la razón al Ejecutivo en el sentido que el Decreto Legislativo 781, que reformó el decreto 640, aprobado el 5 de mayo, es inconstitucional por un vicio de forma, pues los legisladores no se molestaron en consultar al Ministerio de Hacienda para hacer los movimientos presupuestarios.

La Asamblea Legislativa pretendió usurpar atribuciones que competen únicamente al Ejecutivo para efectuar ese tipo de movimientos en la propuesta del plan de gastos 2021.

En su reacción al respecto, el Presidente Nayib Bukele escribió en sus redes sociales: “queda claro que los diputados NUNCA financiaron legalmente FOMILENIO II y TAMPOCO las pensiones de los veteranos, ni el FODES. Todo lo que dijeron era mentira. Hasta a sus alcaldes engañaron. Ni siquiera la Sala de lo Constitucional, nombrada por ellos mismos, les dio la razón”.

El decreto 640 destinaba $400 millones en títulos valores; $100 millones para devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y $300 millones para pago a proveedores.

No obstante, el pasado 24 de diciembre, cuando fue aprobado el Presupuesto, el bloque de diputados opositores al Gobierno lo reformó con la clara intención de trasladar fondos a sus alcaldes, a las puertas del inicio de la campaña electoral.

La distribución inconstitucional que fue propuesta por los diputados quedó de la siguiente forma:  $288,2 millones para el Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES); $50 millones para la contrapartida; $16 millones para veteranos; y $45.8 millones para pago a proveedores. La Sala concluye que “que continúa vigente el aludido Decreto Legislativo 640, en los términos en que fue aprobado”.

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