Pese a la admisión, la Sala de lo Constitucional rechazó la solicitud de los demandantes de suspender provisionalmente el uso exclusivo de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte (Sitramss).
Foto: Periódico Equilibrium.
La demanda de varios empresarios del transporte colectivo urbano de San Salvador, por la supuesta ilegalidad de la legislación pertinente en torno al nuevo sistema de transporte conocido como Sitramss, ha sido admitida por la Sala de lo Constitucional este miércoles.
El recurso, firmado entre otros por Genaro Ramírez, José Barrera y Juan Pablo Álvarez, pretende que se declare inconstitucional el artículo 5 en sus numerales 2, 8, 25 y 57 y el artículo 156 inciso final, del Reglamento General de Transporte Terrestre, porque supuestamente vulneran el artículo 120 de la Constitución.
En la misma demanda de inconstitucionalidad, los transportistas también solicitaban que se impusiera como medida cautelar suspender el uso exclusivo de la infraestructura pública del Sitramss, por parte de los buses articulados y buses padrón, pero la Sala ha rechazado esta pretensión porque no se cumplen los presupuestos necesarios para tal medida.
Los peticionarios creen que los carriles segregados, terminales y andenes deben ser de uso para toda la población y no solo para la empresa concesionaria.
Los demandantes además buscaban que se declararan ilegales algunos otros artículos, numerales e incisos por considerarlos violatorios de otras disposiciones constitucionales como los artículos 86 y 131.
A partir de la notificación de esta resolución, la Sala de lo Constitucional ha dado un plazo de diez días al Presidente de la República, para que justifique la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas por los transportistas.
En la demanda se plantea la presunta vulneración al principio de Reserva de Ley pues, por la envergadura de los cambios, debió hacerse a través de una ley formal y no de las reformas a un reglamento, para afectar legalmente la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Ltttsv)
Los empresarios también alegan vulneración a la seguridad jurídica y al principio de Igualdad.
