Una de las limitantes que se dan en el marco del combate de la violencia en algunos países cuyas autoridades de Seguridad acuden a planes exitosos de otros, es la voluntad política.
Por: Elizabeth Leeds, Asesora Principal de WOLA/Foto referencial: Periódico Equilibrium.
Cuando funcionarios de seguridad pública a nivel nacional o local, a lo largo de Latinoamérica, buscan alejarse de las políticas de «mano dura» para enfrentar los alarmantes índices de delincuencia y violencia, recurren con frecuencia a estrategias y políticas de reducción de la violencia aparentemente exitosas en otros países de la región.
No es sorprendente que políticas exitosas no pueden ser simplemente trasplantadas. Por lo general, esas políticas tienen éxito en un contexto social y político específico.
El poder lograr de manera exitosa la adopción de programas de seguridad pública de un contexto nacional a otro depende de una serie de variables. Estas incluyen la voluntad política de las autoridades “adoptivas”, los factores sociales y políticos que contribuyeron al éxito de la experiencia en primer lugar y la capacidad de la policía para responder constructivamente a evaluaciones externas a medida que el programa evoluciona.
Un ejemplo actual de este proceso es el esfuerzo por expandir la adopción de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) establecidas en Río de Janeiro en 2008 e inspiradas en parte en las estrategias de reducción de violencia de Medellín, Colombia.
Sin embargo, la posibilidad de adoptar y adaptar el modelo UPP en otros países de la región requiere de un análisis profundo sobre los logros y las deficiencias del experimento y una reflexión sobre las lecciones que pueda arrojar la experiencia de Río.
Entre la más sobresaliente es la necesidad de dar continuidad a las políticas con la presencia y participación de personal comprometido con las reformas de largo plazo.
Igual de importante es la necesidad de considerar si los objetivos de un proyecto como el modelo de las UPPs son consistentes con las políticas de la institución de seguridad en su conjunto.
¿Puede una estrategia policial de «proximidad» o “policía comunitaria” funcionar cuando la institución retiene ideologías y prácticas anticuadas y militaristas?
Por último, reconociendo que la reducción de la delincuencia y la violencia requiere de esfuerzos integrados entre funcionarios de seguridad pública y profesionales del área de servicios sociales, ¿existe suficiente compromiso para implementar una estrategia integral y multisectorial para la prevención de la violencia?
