Aunque hay esfuerzos de parte de diversos sectores por hacer de la ciudad un espacio amigable para las personas con discapacidad, El Salvador sigue siendo un país con demasiadas limitaciones para esta población.
Los ministros de Salud y de Obras públicas, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral y las personas responsables de instituciones como el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), así como el Viceministro de Trabajo y la Viceministra de Gobernación, aceptaron esta falta de atención y llamaron a los diversos sectores del país a realizar planes que mejoren las condiciones de la población con discapacidad.
Ayer se cumplió el cuarto año de entrada en vigor de la Convención que da derechos a este sector y fue el momento propicio para hacer señalamientos como la falta de visión para construir pasos a desnivel con carriles peatonales, semáforos que sirven para casi todas las personas, excepto para los no videntes, aceras con rampas obstruidas por automovilistas, edificios inaccesibles para personas que usan sillas de rueda y transporte colectivo inadecuado para esta población.
Eso, solo para hablar de la ciudad y de las personas con discapacidad de las zonas urbanas. De los habitantes de las zonas rurales, habrá que decir que están en peores condiciones.
Niños, niñas y adultos con discapacidad física, presentaron en este marco, diversas peticiones a las autoridades para que se aplique la Convención, que es Ley de la República, a fin de que sus derechos les sean respetados en el marco de la salud, educación, accesibilidad urbanística, arquitectónica, de transporte y de comunicaciones, al trabajo, a la habilitación y rehabilitación, así como a la vida independiente.
