Es hora que el Ejecutivo y la Asamblea establezcan acuerdos inmediatos para garantizar que instancias cuenten con lo necesario.
Foto: Periódico Equilibrium.
Pese a toda la muestra de eficiencia de las instituciones en el rescate de víctimas y en el control del incendio en la torre tres del Ministerio de Hacienda, ocurrido el pasado 7 de julio, el siniestro refleja la fragilidad en la protección de la población trabajadora.
Así lo sostiene la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Raquel de Guevara.
La protección de las personas trabajadores, bajo el estricto cumplimiento de la normativa sobre seguridad e higiene ocupacional es prioritaria, pero este suceso ha dejado en evidencia la fragilidad de la seguridad y la alerta temprana en este tipo de edificios, reclamó la Procuradora.
Esto invita a que de forma urgente las autoridades pertinentes puedan actuar y adecuar las instalaciones públicas y privadas para prevenir los riesgos laborales como el presente, de tal manera que se garantice el bienestar de la población trabajadora.
Igualmente, este suceso nos llama a la reflexión sobre la importancia de dotar de mayores recursos a las instituciones y cuerpos de socorro involucrados en la respuesta a este tipo de emergencias.
Aunque De Guevara ha reconocido el eficiente trabajo de las personas que colaboraron en el auxilio y rescate de quienes sufrieron los efectos del siniestro de forma directa, tanto como en el control del incendio, especialmente al Cuerpo de Bomberos, los Cuerpos de Socorro, Cruz Roja Salvadoreña, Comando de Salvamento, Cruz Verde, la Fuerza Armada, las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente la Policía Nacional Civil, Ministro de Gobernación, demás instituciones y personas voluntarias que colaboraron.
A manera de ejemplo en el déficit de recursos, la funcionaria ha recordado que, por mucho tiempo, el Cuerpo de Bomberos ha venido señalado la insuficiencia de su presupuesto, equipo e implementos de trabajo para desarrollar de forma óptima sus labores, sin que hasta la fecha se le haya dado una respuesta adecuada a sus demandas.
Y, aún en medio de todas esas adversidades y limitantes, siempre han respondido con valentía y alto sentido del deber al llamado de quienes los necesitan.
Por tanto, es hora de que el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa establezcan acuerdos inmediatos para garantizar que todas las instancias que actúan en la respuesta a situaciones de emergencia cuenten con todo lo necesario para desarrollar su labor. Es una deuda que tenemos como país y que no se puede postergar más.
