En la noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes en el estado de Guerrero en el sur de México fueron violentamente atacados por la policía local; 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecieron.
Por: DPLF
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzosamente es un doloroso ejemplo de la crisis de derechos humanos que enfrenta México y ha provocado indignación en todo el país y a nivel internacional.
A petición del gobierno mexicano, las familias de los estudiantes desaparecidos y representantes legales de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó establecer un grupo de expertos de reconocimiento internacional para brindar asistencia técnica en la investigación y búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
En septiembre de 2015, tras seis meses de trabajo en la investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió un informe extenso en donde expuso sus conclusiones preliminares.
Los hallazgos de los expertos resaltaron graves deficiencias en la investigación original del gobierno y refutaron la teoría del gobierno de que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en un basurero local.
El informe también pidió que se abran nuevas líneas de investigación y que se continúe la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro pleno apoyo a la importante labor del GIEI, el cual está integrado por cinco expertos independientes, reconocidos a nivel internacional en las áreas de la investigación penal, derechos humanos y la atención a las víctimas: Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia Villa. Han llevado a cabo una investigación muy profesional y elaboraron un informe detallado y ampliamente fiable.
Damos la bienvenida a la noticia de que el gobierno mexicano haya transferido el caso a la autoridad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y que se esté formando un nuevo equipo de investigadores para trabajar junto con el GIEI, solicitudes que los Expertos hicieron con el fin de poder continuar con su importante labor.
Si bien reconocemos al gobierno mexicano por estos pasos positivos, nos preocupa que algunas corrientes dentro del mismo gobierno mexicano continúan resistiéndose a la apertura de nuevas líneas de investigación e insisten en la validez de los hallazgos originales del gobierno.
Además, estamos profundamente preocupados por los recientes intentos de algunos grupos por difamar al GIEI y a las organizaciones de derechos humanos que representan a los estudiantes y sus familias, y por criminalizar a las víctimas del ataque y a sus compañeros de clase.
Estos esfuerzos suman dolor innecesario a un caso ya vergonzoso, desvían la atención de la investigación misma y buscan deslegitimar la presencia del GIEI así como la búsqueda de justicia de los familiares.
También reiteramos la importancia de la plena cooperación del gobierno de México en la investigación del caso, incluyendo la cooperación del ejército mexicano.
Seguimos preocupados de que, a pesar de varias solicitudes, el GIEI aún no haya podido entrevistar a los soldados del batallón local, quienes estaban conscientes del ataque contra los estudiantes y presentes en algunas escenas del crimen.
A medida que la investigación avanza, el gobierno mexicano tiene una nueva oportunidad de mostrar liderazgo y apoyo en el caso de los 43 desaparecidos estudiantes mediante la cooperación con el GIEI y la garantía de que el nuevo equipo de investigadores de la Subprocuraduría de Derechos Humanos está equipado con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir eficazmente su trabajo.
El apoyo del gobierno mexicano para la investigación y el GIEI demostrará su nivel de compromiso para lograr la verdad y la justicia en este caso emblemático y para avanzar la protección de los derechos humanos en el país.