Representantes de la sociedad civil piden tomar en cuenta diversas temáticas de Derechos Humanos para que se cuestione al Estado salvadoreño sobre aspectos que dejan dudas en relación al avance en el respeto de los mismos.
Foto: Periódico Equilibrium.
Diversas organizaciones sociales se pronunciaron sobre el Examen Periódico Universal (EPU) que se hizo en Ginebra, Suiza, a El Salvador este 27 de octubre y cuestionan las falencias que en materia de defensa de los derechos de acceso al agua y, en general, sobre el medio ambiente sano se viven en el país.
También exigen que se aborde la despenalización del aborto y el goce de los derechos de la comunidad LGBTI, entre otros temas.
Xenia Marroquín, quien representa al Programa de Incidencia y Derecho Humano al Agua, lamenta que en el examen no se incluyó el tema del agua y pidió que el país se visibilice este tema en el próximo informe que será dentro de cuatro años.
Argumentó que la forma en que el Estado presenta sus informes hace ver que todo está bien en el país. “Eso no es cierto”, reclamó.
Igual posición tomó Sara García, pero en materia de derecho al aborto terapéutico y el cese de la persecución penal contra las mujeres que acuden al sistema de salud en demanda de atención por abortos o embarazos interrumpidos.
En este punto creen necesario que se indulte a 17 mujeres que están procesadas o sentenciadas por abortos.
En tanto Karla Avelar, una persona transexual, en nombre de la comunidad LGBTI, dijo que la violación de los derechos de las personas de esta población no se han tomado en cuenta a la hora de hacer recomendaciones al Estado salvadoreño.
Según Avelar, a las carteras de Estado se les ha demostrado que la comunidad LGBTI y, especialmente las personas trans, son víctimas de al menos 12 violaciones de derechos.
En este sentido ejemplifican la falta de una ley de identidad, la falta de una persecución penal por crímenes de odio contra miembros de esta comunidad y la ausencia de una ley que sancione la discriminación en su contra en diversos aspectos, especialmente el laboral.
Finalmente, Miguel Dueñas, de Asafocais, una asociación que defiende los derechos de la niñez, cree que este sector no ha tenido una respuesta adecuada a sus derechos y demandas.
Se refiere a la falta de espacios para diversión y a la ratificación del protocolo para la niñez para proteger especialmente a las niñas de los crímenes y de los embarazos que muchas veces se adjudica a hombres de hasta 40 y 50 años que abusan de las menores de edad.
Otros temas que a juicio de las organizaciones sociales deben tocarse a fondo son la derogación de la Ley de Amnistía y el de la pretensión de militares que aspiran a ser diputados y que estarían vinculados con hechos criminales.
El censo poblacional también debe incluir la recopilación de datos concretos de la comunidad indígena para que se elaboren programas de desarrollo de los pueblos originarios, dijo Saúl Baños.
Fuentes oficiales, por su parte, dijeron que el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, dio a conocer algunos detalles del informe, destacando el fortalecimiento de la institucionalidad y los mecanismos de garantía de los derechos humanos, así como la construcción del marco jurídico que amplía el reconocimiento de derechos a la población especialmente la más vulnerable del país.