Texto: Ever Ramírez/Foto: cortesía
En 2009, la empresa minera canadiense Pacific Rim presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en contra del Estado salvadoreño.
Pretendía que El Salvador le pagara $77 millones como indemnización por no otorgarle las licencias para explotar la mina El Dorado, ubicada en el Municipio de San Isidro, Cabañas, situación que le habría causado perjuicios económicos. El fallo le fue adverso.
Sin embargo, recientemente la empresa dio a conocer que aumentará la demanda a $315 millones por el no otorgamiento del permiso de explotación, pero ahora, amparándose en la Ley de Inversiones que está vigente en el país.
Ante este anuncio, comunidades y organizaciones que conforman la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se mostraron preocupadas, dado que para ellos constituye una vulneración del derecho soberano del Estado salvadoreño de decidir sobre el tipo de políticas económicas que beneficien el interés público.
Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), pidió a la transnacional canadiense que retire la demanda porque considera que la misma no tiene ningún fundamento.
“Nosotros estamos así, por una ley de inversiones que aprobara Francisco Flores, en 1995, y sobre todo, porque hasta ahora, no se ha prohibido la Minería Metálica en El Salvador, por lo que demandamos a la Asamblea Legislativa que derogue esa Ley de Inversiones, al mismo tiempo que apruebe una que prohíba la Minería Metálica”, manifestó Ibarra.
Por su parte, Zenayda Serrano, representante de la referida mesa, dijo que la demanda es ilógica porque nunca hizo una inversión a favor de la población salvadoreña.
Según los ambientalistas el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias debería emitir una resolución favorable para el país, porque de lo contrario se afectaría el entorno ambiental y con ello la vida de habitantes de varias comunidades.
