Los presuntos responsables del boicot al transporte público de pasajeros, son procesados por cometer un delito que tiene varias agravantes, según la resolución del tribunal especializado que ve el caso.
Foto: CJIM.
La jueza especializada de instrucción B envió a prisión a 112 miembros de estructuras delictivas involucradas en el boicot al transporte ejecutado a finales de julio pasado.
Los sospechosos enfrentan el delito de delito organizaciones Terroristas con agravantes especiales debido a que el boicot se cometió por parte de más de dos personas, atentaron contra bienes de uso público, lo hicieron con el objeto de incidir en decisiones gubernamentales y afectaron servicios públicos o tráfico normal de las principales vías de acceso en el país o edificaciones de Gobierno.
Además ejercieron violencia física y sicológica sobre las víctimas y causaron muertes y lesiones, pero también pusieron en peligro grave a las personas usuarias.
Fuentes fiscales recordaron que los sospechosos fueron presentados el sábado 8 de agosto, luego de investigaciones exhaustivas.
En total fueron capturadas 140 personas en diferentes sectores de predominio de estas estructuras delictivas en diversas zonas de Zacatecoluca, Apopa, Quezaltepeque, San Salvador, Soyapango, Ciudad Delgado y Lourdes, entre otros municipios, pero solo 112 vana la siguiente etapa procesal.
En esos lugares se dieron hechos delictivos relacionados con el paro al transporte público, así como ataques a agentes policiales y delegaciones.
Entre las personas sospechosas que deberán enfrentar la audiencia preliminar están varias que ya están purgando penas en diversos lugares del país por diferentes delitos, como homicidios y extorsiones, principalmente.
La Fiscalía emitió un comunicado en el cual expresa su satisfacción por la “decisión firme y enérgica de la jueza especializada, quien entendió la gravedad del terrorismo causado por estos grupos criminales, ahora terroristas”.
En palabras de la FGR, esta decisión sienta un precedente de que este tipo de acciones realizadas por estos grupos criminales ahora son tipificadas como acciones terroristas.
En el país se ha cuestionado el hecho que a pesar de contar con una Ley Antipandillas que declara ilegales a estos grupos criminales, no sea aplicada en los tribunales del país.