El Idhuca presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, a partir de los hechos observados en 2016.
Foto: Idhuca/Periódico Equilibrium.
No obstante la mejora en los niveles de protección de la niñez y la Adolescencia, desde 1990, aún muere 15 menores de edad por cada mil nacidos vivos, durante el primer año de vida, una razón suficiente para pensar en la necesidad de continuar insistiendo en medidas y políticas de protección y salud enfocadas hacia la niñez.
“Falta una mejor planificación de políticas públicas para la niñez”, concluye el informe, al observar que si bien la desnutrición infantil ha reducido en un 30 % aproximadamente en los últimos nueve años, la mayoría de la población sigue en pobreza y vulnerabilidad, lo que incide en la calidad de vida de la población infantil.
EL informe del Idhuca observa que hay insuficiente presencia de niñez en la educación parvularia y que la deserción se vuelve grave a partir del sexto grado de primaria. Incluso la violencia ha afectado en proporciones inadecuadas a la niñez, manteniéndose altos los niveles de homicidios en los menores de 18 años.
Sobre los homicidios, responsables del informe indican que estos son los que más afectan el derecho a la vida. “Los homicidios ofrecen en el país la más dura y sistemática violación del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Los datos oficiales ponen a El Salvador en un promedio superior a los 80 homicidios por cada cien mil habitantes al año.
Pero se reconoce una reducción de homicidios respecto al año 2015, las todavía muy altas cifras de homicidios de 2016 expresan con claridad el fallo de las políticas y estrategias dirigidas a la prevención y persecución del delito, interpreta el equipo técnico.
En 2016, de los 5,278 homicidios ocurridos, 520 fueron cometidos contra mujeres, en su mayoría jóvenes, y un porcentaje de estos con claros componentes de feminicidio. Los agresores suelen ser hombres, las mujeres son jóvenes en muchos casos y las agresiones se producen en el rostro o con signos de ensañamiento.
Por otra parte, El Idhuca advierte que una cultura autoritaria, machista y que tiende a privilegiar la violencia como camino de solución de conflictos, sigue dificultando el respeto a los Derechos Humanos.
El informe destaca los comentarios inadecuados que se publican en la mayoría de los medios digitales de comunicación o de las plataformas digitales de los restantes medios.
Pero “no es solo en los medios digitales donde abundan los comentarios violentos y machistas, sino incluso en el vocabulario culto o incluso oficial”.
El uso repetido de las palabras guerra, combate y represión del delito, frecuente en muchos de los debates sobre la violencia, marcan un estilo de lenguaje ajeno al lenguaje constitucional. En otras palabras, al invocar la represión del delito, y otras palabras como guerra o combate, se está justificando la contestación al delito con violencia no proporcional.
Aunque el uso inadecuado del lenguaje no supone una violación de Derechos Humanos, el significado de la palabra represión invoca e invita a un uso de la violencia emparentado con las violaciones de Derechos Humanos del pasado, dice entre otras cosas el informe, que incluye análisis de otras circunstancias como la tortura, los desplazamientos forzados y las condiciones de las penitencierías.
