Las políticas sociales han sido creadas para otorgar a la población en general una atención integral y las personas con limitaciones físicas deben ser una prioridad a fin de hacerlas objeto de mejores condiciones de vida, dicen las autoridades.
Instituciones del Estado firmaron este lunes una carta compromiso que implica una serie de compromisos dirigidos hacia el bienestar integral de las personas discapacitadas, especialmente la niñez y de la adolescencia atendida en diversos programas.
Por ejemplo, la carta establece que esta población debe tener acceso a alimentos de calidad nutricional, mientras que el personal del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI), el Consejo Nacional de Atención Integral de Personas Con Discapacidad (Conaipd) y el y Ministerio de Educación (Mined), entre otros, debe ser evaluado para garantizar su idoneidad su capacidad para atender las necesidades de los beneficiarios.
También obliga a gestionar más programas de atención para personas ciegas, basados en los modelos de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC). En Este sentido, el Mined adquiere la obligación de aplicar un programa permanente que permita la continuidad educativa del estudiantado que egresa del Centro Escolar de Rehabilitación para Ciegos Eugenio de Dueñas.
De esta forma, las instituciones del Estado que tienen relación con la protección de personas con discapacidad, celebraron el Sexto Aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad.
Esta convención marcó una nueva era para transformar las condiciones sociales, económicas, jurídicas políticas y ambientales.
Este martes, una comisión de personas con discapacidad visitarán junto con el Ministro de Obras Públicas (MOP), Gerson Martínez, visitarán parte de la infraestructura del nuevo Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), a fin de verificar si la obra se apega a las necesidades de la población discapacitada.
