El próximo 7 de mayo entra en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública y las instituciones del Estado se preparan a fin de instalar sus Oficinas de Información y Respuesta (OIR) que exige la legislación pertinente.
Mediante dichas oficinas, los ciudadanos podrán obtener información institucional pública, hasta en un 98 por ciento, según lo explican los funcionarios.
El 2 por ciento restante será información confidencial que concierne únicamente al Estado explicaron.
El Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la República y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, son las instituciones que en las últimas semanas hicieron pública la apertura de dichas oficinas.
El ISSS tendrá sus OIR en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, donde funcionarán 14 unidades, dijo el director de la institución Leonel Flores.
En general las instituciones ya tienen clasificada la información como oficiosa, reservada y confidencial, misma que podrá ser solicitada incluso por menores de edad, toda vez que presenten documento que los identifique, como el carné de minoridad.
La información reservada es la que se refiere a la Seguridad del Estado, que solamente podrá ser entregada a instituciones como la Policía, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República.
Por su parte el Subsecretario de Transparencia, Marco Roríguez, dijo que esta ley de transparencia es una «buena ley y muy valiente» y por lo mismo tiene que se aplicada en beneficio de la transparencia en El Salvador.
Habrá información confidencial como el estado de salud de una persona que no podrá ser divulgada, porque es una situación privada que solo les compete a ellos. En cuanto a la información reservada tiene que ver con la seguridad del país. En cuanto a la información oficiosa, esta se publica en la web, entonces mientras más amplia sea la información oficiosa, tanto menos tiene necesidad la persona o el ciudadano para solicitarla.
Cuando una persona solicite la información, está deber recibir respuesta en no más de 10 días. Cuando se trate de información que no se responda, puede ser demandada en el Institituo que próximamente se va a constituir, en la Corte de Cuentas o en el sistema judicial.
Todo ello implica cambiar la cultura institucional para poder proveer la información, dijo Rodríguez.
Estas explicaciones fueron dadas por Rodríguez, en el marco de la inauguración de la oficina de petición y respuesta del ISSS.
