Ilegales prórrogas automáticas de frecuencias radioeléctricas

espectro

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional advierten que no hay ilegalidad en lo relativo a la libertad de expresión alegada por los demandantes, ni en la fragmentación del espectro radioeléctrico.

 

 

Foto: Periódico Equilibrium.

Una sentencia de inconstitucionalidad emitida este miércoles por la Sala de lo Constitucional, ha declarado ilegal la prórroga automática por 20 años que establece la Ley de Telecomunicaciones, sobre la explotación de frecuencias para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y de televisión de libre recepción.

Además, dicha Sala declaró inconstitucional la omisión en la que incurrió la Asamblea Legislativa al no regular mecanismos alternos a la subasta, para la adjudicación de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Las organizaciones de la sociedad civil han expresado que este jueves darán a conocer su posición respecto a la declaratoria externada por la Corte Suprema de Justicia.

Entre las personas que demandaron la ilegalidad de diversos artículos de la Ley de Telecomunicaciones, figuran Eva Marisol Linares de Triviño, María Silvia Guillén, Leonel Herrera Lemus, César Mauricio González Flores, José Luis Benítez Álvarez y Juan Carlos Sánchez Mejía.

Fueron dos recursos interpuestos al respecto en 2012 y 2014, para atacar la ilegalidad por vicios de contenido, de los arts. 15 inc 1°, 81 inciso final, 82, 83, 84, 85, 100, 115 inc. 2°, 118 inc. 2° y 126 inc. 2° de la Ley de Telecomunicaciones, entre otras disposiciones.

Los demandantes dijeron en su momento que tales artículos violan los artículos 102 y 110 de la Constitución, porque no aseguraban la igualdad de oportunidades para participar en la asignación del espectro radioeléctrico; además, contradicen la prohibición de monopolios y prácticas monopolísticas establecida en el artículos 110 incisos 1° y 2° de la Constitución.

“Declárase de un modo general y obligatorio que existe la inconstitucionalidad por

omisión”, dice la resolución judicial, porque no existe regulación para la selección y adjudicación de concesiones de frecuencias del espectro

radioeléctrico de uso regulado, en los casos en que exista oposición de otros interesados en su asignación, que con base en su libertad empresarial, deseen fundar medios de comunicación para los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de libre recepción.

Es por esta misma razón que la Sala ordena a la Asamblea Legislativa emitir las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que contengan los mecanismos alternos a la subasta pública, en los que se consideren otros criterios cuantitativos y cualitativos relevantes para adjudicar concesiones de los servicios mencionados.

Para ello, la Asamblea tiene hasta el 31 de diciembre del presente año, para emitir la normativa en la que se regule de manera clara, precisa, organizada y sistemática, los mecanismos alternativos para la adjudicación de las concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico que operarán de forma adicional al de la subasta pública, contenidos en los arts. 81 inc. final, 82, 83, 84, 85 y 100 de la Ley de Telecomunicaciones.

En el otro aspecto la Sala dice que es inconstitucional la expresión “automáticamente”, del inciso segundo del art. 115 y del segundo inciso del art. 126, ambas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones, por vulneración al derecho de libre competencia, que establece el artículo 110 Cn.

Se menciona que tal vulneración se da en cuanto que las prórrogas automáticas por períodos de veinte años de las concesiones otorgadas para la explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y servicios de radiodifusión de televisión de libre recepción, permite que los medios de comunicación se mantengan y concentren, por períodos prolongados, en los mismos concesionarios.

Esto impide el acceso al espectro radioeléctrico y el ejercicio de la libertad de empresa y libre competencia, pues se constituye en una barrera para la existencia de contenidos heterogéneos en las opciones de información para las personas.

En consecuencia, a partir de esta sentencia queda expulsado del texto de las disposiciones referidas, el vocablo “automáticamente”; por lo que la Asamblea Legislativa deberá aprobar, a más tardar el 31 de diciembre del presente año, la normativa respecto de las condiciones en que se llevarán a cabo las prórrogas sobre dichos servicios.

Esta regulación deberá contener, al menos, la obligación estatal de evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas, la gestión de los bienes y recursos involucrados, y la responsabilidad de los concesionarios.

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