La CICIES y la Corte de Cuentas son dos organismos que auditan los gastos gubernamentales que se realizan para enfrentar la crisis por la pandemia de Covid-19.
Foto: Periódico Equilibrium.
Tras conocerse la renuncia del sector privado y académico del Comité del Fondo de Emergencia, Reconstrucción y Recuperación Económica y las razones que expusieron, el Gobierno de El Salvador ha dado su versión y señaló que los renunciantes se opusieron a ser “sujetos de declaración patrimonial”.
Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que “los representantes del sector privado no querían que sus votos fueran vinculantes dentro de esa instancia”.
“Habían pedido la modificación de la ley para que sus votos no fueran vinculantes”, reitera el comunicado oficial.
La Presidencia recordó que “como parte de una instancia, que tendrá a cargo la administración de fondos públicos, todos sus miembros deben someterse a los controles establecidos para tal caso, pero los integrantes del comité, por parte del sector privado y el sector académico, no se quisieron someter a esa disposición legal».
El Comité, formado por el sector público y privado, fue juramentado el 28 de marzo pasado, para supervisar el manejo de los $2,000 millones destinados a atender la pandemia de COVID19.
El Presidente Nayib Bukele estableció la transparencia como una de las características para el manejo de los fondos de la emergencia por COVID-19 y aprobó la auditoría de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), de todos los gastos que lleva a cabo el Gobierno. Además, la Corte de Cuentas desarrolla su trabajo de auditoría de los gastos de esta emergencia.
