Firmas contra privatización del agua recoge Iglesia Católica

La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea estudia la propuesta de ley sobre la base de una Junta Directiva dominada por el sector privado.

Foto: Arzobispado/Periódico Equilibrium.

La Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador es el centro de recolección de firmas de la ciudadanía para expresarse en contra de la privatización del agua.

La Iglesia Católica y la sociedad civil ve en la Asamblea Legislativa la intención de privatizar este vital líquido a cuyo acceso tiene derecho la población en general.

Por esa razón, desde la semana pasada se abrió el centro de recolección de firmas y este lunes el Cardenal Gregorio Rosa Chávez ha dicho que en todo el país se han habilitado los centros de recolección.

Esta iniciativa es apoyada por el Colectivo Socioambiental “Cuidemos la Casa de Todos”, del Arzobispado, bajo el entendido que “el agua es nuestra vida y un derecho de todos”.

Aunque el Presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, ha dicho que no existen intenciones de privatización, porque de hacerlo sería un “suicidio político”, en vista del evento electoral que se avecina, la Iglesia Católica no baja la guardia y ha decidido involucrar a la feligresía en la campaña contra la posibilidad de aprobación de una ley no acorde a las exigencias de la sociedad.

“No permitamos que los pobres mueran de sed”, ha sido el llamado de la jerarquía eclesiástica, la cual ha exigido que la administración del agua sea ejercida por una Junta Directiva predominantemente estatal.

La propuesta de un exdiputado de ARENA, uno del PCN y otro del PDC presentada hace un año, pretende que la Junta Directiva del ente rector del uso del agua quede en manos de dos personas designadas por la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures); dos, por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); y, uno, designado por el Presidente de la República, contrario a lo que se planteó en la legislatura 2012-2015, con base a un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

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