Este sábado 5 de enero a las 9:30 a.m. será la Audiencia Inicial solo contra Miguel Menéndez, como único detenido por otros hechos. El resto será procesado con vista de requerimien-to.
Foto: FGR/Periódico Equilibrium.
El expresidente de la República, Mauricio Funes, Miguel Meléndez, conocido como Mecafé, y otras cuatro personas sospechosas han sido acusadas en los tribunales de justicia del país por otro caso de lavado de dinero.
Se trata del caso de la construcción de la presa El Chaparral, cuyo costo se incrementó debido a un mal manejo de la inversión que involucraría, según la Fiscalía General de la República, a Funes y la empresa italiana ASTALDI.
El caso de corrupción ya está en conocimiento del Juzgado 9° de Paz de San Salvador; la Fiscalía considera como instigadores y autores directos del fraude económico a Funes, Menéndez y los reos ausentes José S., Mario P., José Q. y Ada S., de los delitos de cohecho activo en perjuicio de la administración pública y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se investiga un desembolso de $108.5 millones hechos por las autoridades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a favor de la empresa ASTALDI, en virtud de una presunta negociación directa de Funes y Meléndez con la empresa, a pesar de que la obra solo había avanzado en un 29 por ciento.
Esa cantidad desembolsada se haría solo si la obra estaba avanzada en un 50 por ciento. Por ese 29 % del avance, ASTALDI solo debió recibir $69 millones.
La Fiscalía sostiene en su acusación que de los $108.5 millones ASTALDI entregó en calidad de dádiva a Funes y Meléndez $3.5 millones, los cuales fueron enviados a un off shore establecido en Panamá, desde donde parte del dinero fue a parar a una empresa de Ada S.
La Fiscalía ha pedido reserva del proceso judicial argumentando que no se quiere poner en riesgo la investigación contra otras personas posiblemente involucradas.
Como era de esperarse, el expresidente Funes reaccionó desde Nicaragua en sus redes sociales, desvirtuando las aseveraciones de la FGR respecto de los pagos millonarios aludidos, pero señaló que durante la administración de Antonio Saca hubo millonarios desembolsos que fueron sugeridos por una firma jurídica, cuyo propietario sería un testigo criteriado.
