Entendere-mos cualquier intento por obligarnos a revelar nuestras fuentes como acoso fiscal e incluso negligencia de la Fiscalía General de la República, dice un comunicado.
Foto: Periódico Equilibrium.
Al menos siete periodistas de la revista Factum han sido citados a declarar como testigos de un caso de corrupción que ha abierto la Fiscalía General de la República y que atañe al caso de corrupción en el que se involucra al expresidente Mauricio Funes.
Aunque el citatorio no menciona expresamente el hecho antes descrito, representantes de la revista dijeron que los periodistas citados son los que han firmado las notas relativas a los audios en los que se revela que el exgobernante habría comprado a diputados para que trabajaran a favor de su administración.
Según un comunicado oficial hecho público por la revista, existe disposición de colaborar con las investigaciones de la FGR como se ha hecho en otras ocasiones, pero siempre y cuando todo esté en el marco de la ley.
Las autoridades han girado citatorios en los que hacen ver que se aplicará el apremio si los periodistas no asisten a las citas en caso que no se presenten en las dos ocasiones en que sean requeridos.
Sin embargo, amparándose en disposiciones legales que protegen a quienes ejercen de forma profesional o empírica el periodismo, cuando se publican noticias relativas a casos como en el que tiene interés la FGR, el Consejo Editorial de este medio ha enviado al abogado que lo representa para dejar claro que no habrá comparescencia de los periodistas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución de la República (artículo 6) el Código Penal (artículo 187) y el Código Procesal Penal (artículo 206).
“Tendrán derecho a abstenerse de declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del ejercicio de su profesión u oficio bajo pena de nulidad, los periodistas de profesión y aquellas personas que aún siendo de otra profesión ejerzan el periodismo… “De igual manera, los periodistas de profesión… tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial, la fuente de donde viene la información que nutre las noticias… que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar”, establecen tales disposiciones legales.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se ha pronunciado en contra de este interés de la FGR porque a su juicio se vulnera la libertad de expresión que es protegida, no solo por las leyes citadas por el Consejo Editorial de la revista Factum, sino también por a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual pide asegurar la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
