La PDDH dice que es inaceptable que no existan registros de los operativos que se constituyeron en masacres y teme que si eso es cierto, se deba a la destrucción de documentos oficiales. Andrés expresa con sus puños su necesidad de justicia.
Andrés Romero y Teresa Marinero llegaron con dolorosos recuerdos a cuestas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, después de más de 30 años de esperar justicia por la muerte violenta de sus familiares, amigos o vecinos.
Este 25 de julio, en el cantón San Francisco Angulo, de Tecoluca, departamento de San Vicente, se conmemoran 33 años de la masacre de decenas de campesinos cometida por elementos militares en el marco de la guerra contrainsurgente.
Teresa tenía para entonces ocho años y ese día su familia nuclear había salido de su casa. La dejaron sola. Por eso se salvaron de morir, pero otros familiares cercanos no corrieron con la misma suerte.
A pesar de su corta edad, recuerda que al escuchar el alboroto que causó la incursión militar se escondió. Cuando se creía que todo había pasado un hombre vestido con traje oscuro y cubierto del rostro entró a su casa y la descubrió, pero éste no le dijo nada a sus superiores. “Me salvé por él”, dice ahora Teresa.
Andrés, ahora tiene 68 años y aún con una expresión de tristeza en sus ojos, comenta ante la prensa cómo perdió a su esposa y cuatro de sus siete hijos durante el operativo que realizó el Ejército el 23 de febrero de 1983. Solo sobrevivieron él y tres hijos, entre ellos un recién nacido.
Para entonces Andrés fue capturado, torturado y luego liberado, recuerda mientras cierra los puños pidiendo justicia.
Esas historias, solo son parte de las dos masacres por las cuales familiares de las víctimas y sobrevivientes, así como el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” con el acompañamiento de la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (Fespad) presentaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) una denuncia contra el Ministerio de Defensa, por la negativa de proporcionar información sobre las dos masacres, aduciendo el titular de la misma, David Munguía Payés, que esa información “es inexistente”.
Con ello el funcionario ha incumplido una ordenanza del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y pretende que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare ilegal la actuación del referido instituto.
El Procurador de Derechos Humanos, David Morales, en tanto, dio por recibida la denuncia y espera dar una resolución al respecto en las próximas semanas.
Los denunciantes quieren que el titular de la PDDH dé por establecido el incumplimiento de Munguía Payés ante el requerimiento del IAIP.
Tanto los familiares de las víctimas como los sobrevivientes de las masacres califican de inaceptable que no haya registros de esos operativos.
