Aun siendo diputado, Romero fue declarado culpable y condenado civilmente por enriquecimiento ilícito por la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque. Esta condena significa que Romero debe restituir al Estado un total de $445 mil 766 dólares con 5 centavos. Además, quedó inhabilitado por diez años para el ejercicio de cualquier cargo público.
Foto: FGR.
San Salvador. La Audiencia Inicial celebrada el pasado 16 de septiembre contra el exdiputado de Arena, Alberto Romero, ha culminado con la resolución que mantiene al político en prisión provisional, mientras se indagan los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y Activos.
El caso ha sido elevado por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador a la fase de Instrucción, tal como lo solicitó la Fiscalía General de la República, en el escrito presentado a la Cámara y, con lo cual, se inicia el proceso penal contra el exdiputado arenero.
“Se han analizado diferentes productos financieros que han permitido concluir y confirmar un incremento patrimonial injustificado, y por medio de una reestructuración de fondos (distribución a otras personas) ha blanqueado el capital”, afirmó uno de los fiscales del caso de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero.
Romero abrió 28 cuentas de ahorro, pero en muy pocas de estas mantenía grandes cantidades de dinero que, sumados daban un total de $1,612.388.00; también hubo depósitos que realizaban exempleados de la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa a cuentas de la esposa de Romero, según lo sostienen las autoridades de la FGR.
El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Legislativa desaforó a Romero y declaró “ha lugar la formación de causa”, lo que significa que se daba luz verde al juicio contra el político, por lo que fue presentado a la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
Antes de ello, aun siendo diputado, Romero fue declarado culpable y condenado civilmente por enriquecimiento ilícito por la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque. Esta condena significa que Romero debe restituir al Estado un total de $445 mil 766 dólares con 5 centavos. Además, quedó inhabilitado por diez años para el ejercicio de cualquier cargo público.
Este caso es independiente del actual que libra la Cámara Primera de lo Penal, pues se trata de nuevas investigaciones que llevaron a la FGR a determinar un manejo ilegal de fondos públicos, por lo tanto no se trata de una doble persecución.