Usaid redirige asistencia que otorgaba a la Policía Nacional Civil y al Instituto de Acceso a la Información Pública para grupos de la sociedad civil.
Foto: Usaid.
San Salvador. Como parte de las medidas contra el gobierno de El Salvador, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha decidido ya no ayudar económicamente a la PNC ni al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Los fondos que había asignado a estas instituciones han sido reorientados a organizaciones de la sociedad civil, según una declaración de la Administradora de Usaid, Samantha Power.
La decisión de reorientar los fondos fue justificada por Power señalando que Usaid “tiene profundas preocupaciones con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al Fiscal General y a los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador”.
Además, dice, tiene más preocupaciones “sobre la transparencia y la rendición de cuentas”. De allí la respuesta que se traduce en el desvío de la asistencia que se daba a dichas instituciones.
Power señala en su declaración que “este financiamiento ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en asociación con la sociedad civil local y las organizaciones de derechos humanos”.
En la declaración se argumenta que el respeto por un poder judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia.
Además, señala que “Estados Unidos mantiene su firme compromiso de apoyar la gobernabilidad democrática mientras nos asociamos para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica”.
La reorientación ocurre luego de darse a conocer una lista de cinco personalidades salvadoreñas señaladas de cometer presuntamente actos de corrupción o participar en acciones de narcotráfico; después de ratificarse un convenio marco de ayuda no reembolsable de $500 millones de parte de la República Popular China y de conocerse la apertura de las relaciones diplomáticas con Rusia.
