La Asamblea Legislativa ya tiene conocimiento de este hecho de Cuisnahuat y tras una solicitud de las comunidades indígenas, con 48 votos han obligado a la comuna a la detención temporal de la obra.
Foto: ECOS.
Una plaza comercial, cuya construcción contaría con el aval de la Alcaldía de Cuisnahuat, de Sonsonate pero no de las autoridades de Medio Ambiente, ha quedado momentáneamente suspendida, tras la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La intervención de la PDDH se dio a raíz de una denuncia del colectivo indígena KALMEKAT, organización integrante de la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas.
Los miembros del colectivo, junto a otras representaciones indígenas fueron violentamente desalojadas del parque por la UMO el pasado 19 de agosto, a pesar que estaban realizando una protesta pacífica para evitar la construcción de la plaza.
Así lo ha registrado la Procuraduría, cuyo titular, Apolonio Tobar, informó que aproximadamente a las tres de la madrugada de ese día, “un grupo de pobladores del casco urbano de Cuisnahuat, integrantes de organizaciones como la Asamblea Popular de tal municipio, la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES) y vendedores”, habrían sido desalojados por orden del Alcalde Municipal.
La plaza comercial sería construida en el espacio de parque, el cual, “por más de 22 años ha servido para el sano esparcimiento de las y los abuelos indígenas y lugareños”.
Los indígenas dijeron que la decisión de construir la plaza fue tomada por el edil sin respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada; por ello la PDDH promovió una mesa de diálogo en la que participa el Alcalde y jefaturas de la Policía Nacional Civil para llegar a acuerdos que eviten los hechos denunciados.
La Asamblea Legislativa ya tiene conocimiento de este hecho y tras una solicitud de las comunidades indígenas, con 48 votos han obligado a la comuna a la detención temporal de la obra.
Tobar ha ordenado verificar la situación de los permisos obtenidos por parte del Alcalde para la construcción de la obra, la actuación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las posibles afectaciones a los derechos a la integridad y seguridad de las personas afectadas por parte de la Policía Nacional Civil.
