El Salvador ya cuenta con Ley de Firma Electrónica

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La legislación aprobada insertará al país en el contexto del mundo globalizado y competitivo, promoviendo la inversión y dotando de seguridad jurídica a las transacciones electrónicas afirman las autoridades.

Foto: Minec.

La nueva legislación inserta al país en el contexto del mundo globalizado, promoviendo la inversión y dotando de seguridad jurídica a las transacciones electrónicas, han dicho las autoridades del Ministerio de Economía (Minec).

La aprobación se ha dado exactamente tres años después que el Ministerio de Economía, presentara la iniciativa ante la Asamblea Legislativa y fue concebida como parte de un conjunto de reformas y de nuevas leyes orientadas a mejorar el clima de inversión en El Salvador.

Las aludidas reformas tienen que ver con las leyes de Servicios Internacionales, de Zonas Francas, MYPE, de Asocios Público Privados y de Estabilidad Jurídica, entre otras.

A partir de esta nueva legislación, el Minec asume la responsabilidad de Entidad Acreditadora Raíz de Firma Digital para fortalecer a proveedores de certificados digitales y, de acuerdo al ministro Tharsis Salomón López, la ley le otorga equivalencia jurídica a la firma electrónica ya que la misma tendrá fuerza legal y probatoria como la tiene la firma autógrafa.

Los actores económicos y productivos siempre consideron que esta ley es un instrumento que puede contribuir significativamente a agilizar los procesos y abaratar los costos de sus transacciones comerciales, ha recordado el ministro López.

A nivel del gobierno, uno de los más beneficiados con esta ley es el Ministerio de Salud pues siempre buscó la digitalización y control electrónico de todos los expedientes médicos.

En general se podrán regular las comunicaciones electrónicas frente a un uso creciente de medios electrónicos en la sociedad, implementar plataformas para transitar hacia un Gobierno Electrónico, proteger a la ciudadanía que utiliza medios electrónicos para comunicarse con particulares o con el y agilizar y abaratar los trámites en la relación ciudadanía-Estado-Empresa Privada, entre otros beneficios

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