Con la ratificación de este instrumento El Salvador se convierte en Estado parte de la Corte Penal Internacional (CPI). El Estatuto de Roma está vigente desde 2002, en Roma.
Foto: ONU.org/Periódico Equilibrium.
El Salvador se someterá a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para demandar justicia sobre crímenes de guerra, agresión, lesa humanidad y actos genocidas, lo que ha sido calificado por miembros de la Asamblea Legislativa como un acto histórico legislativo, que permitirá combatir la impunidad y la inseguridad en el país.
“no tenemos temores a que se juzgue este tipo de acciones en el futuro”, dijo la diputada Karina Sosa, al comentar la aprobación que se dio con 44 votos.
La aplicación de la Ley Penal Internacional no es de carácter retroactivo y estará vigente a partir de la ratificación para juzgar, por ejemplo, actos cometidos por grupos de terroristas en el país.
La ratificación del Estatuto de Roma estuvo precedida de acercamientos entre autoridades legislativas del país con expertos nacionales e internacionales.
En agosto, una delegación legislativa viajó a La Haya; representantes de todos los partidos políticos evacuaron dudas sobre el instrumento internacional que persigue delitos de lesa humanidad.
“En este Estatuto no aplica la retroactividad” reiteró el Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. “Como salvadoreños ya sanamos nuestras heridas del pasado, dimos una vuelta a esa página”.
En representación de ARENA, el Diputado René Portillo Cuadra ha señalado que el estatuto pondría fin a la impunidad ante hechos graves de violaciones a derechos humanos, no obstante, su partido no votó por la ratificación, argumentando que algunas partes del Estatuto de Roma contradice a la Constitución de la República.
El Secretario General de la Organización Naciones Unidas, Ban Ki-moon ha explicado en algunas ocasiones que de acuerdo con el artículo 126 del Estatuto de Roma, constitutivo de la CPI, los Estados que acepten y ratifiquen el instrumento formarán parte del mismo el primer día del mes después de un periodo de 60 días tras el depósito de los documentos.
