Un documento informa que quienes no cumplan la veda se exponen al decomiso y la multa respectiva; luego a la apertura de un proceso administrativo sancionador.
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Un orden emanada de la Presidencia de la República, obliga a que personal de la Fuerza Armada que sale con licencia no porte arma de equipo en algunos municipios del país durante dos meses.
Aparte de aprobar esa orden, en el mismo documento que la contiene se advierte al personal de la institución armada, con abrirles un expediente administrativo sancionador si rompen la orden.
En un confidencial del Estado Mayor de la Fuerza Armada, se establece “…dar cumplimiento a la disposición emanada de la Presidencia de la República que a partir de la fecha por el plazo de dos (2) meses contados se ordena VEDA DE ARMAS…”
Esa veda está contenida en seis decretos ejecutivos para los municipios de Ilopango, Guazapa, Santo Tomás, San Martín, Santa Cruz Michapa y San Salvador.
En el confidencial militar, de fecha 26 de abril, se lee lo siguiente:
“Todo miembro de la institución armada que desee ingresar a los municipios antes mencionados que porten su arma de fuego en regla (Matrícula y Licencia) y no se encuentre en el ejercicio de sus funciones, y este sea registrado por agentes de la Policía Nacional Civil le decomisarán el arma de fuego y le impondrán la multa respectiva”.
Al final se advierte que luego del decomiso y la multa se le abrirá un proceso administrativo sancionador.
Oposición de legisladora
Haciendo alusión a la actual condición de violencia que ha generado decenas de muertes en las últimas semanas, la Diputada de ARENA, Patricia Valdivieso, ha solicitado no aplicar esa veda, porque pone en riesgo la vida de los militares y de la Policía, además del personal de seguridad de Centros Penales, a quienes también se les afecta con la medida.
En sus redes sociales, Valdivieso escribió: “He solicitado que miembros de @FUERZARMADASV @PNC_SV y personal de seguridad de penales puedan portar su arma en las zonas donde se ha decretado veda. No deberíamos dar desventaja a los miembros de los cuerpos de seguridad frente a criminales que no respetan leyes ni vedas.
La propuesta es que la asamblea Legislativa reforme el artículo 62-A, inciso cuatro, de la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos similares, para excluir a los miembros de la Policía, Fuerza Armada y personal de seguridad de Centros Penales, de la veda.
