
La esposa de un exfuncionario de la Administración Sánchez Cerén, ha sido favorecida por una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó su reinstalo hace diez días, en el mismo puesto, con las mismas funciones y con el mismo salario.
Foto: SSF.
El Superintendente del Sistema Financiero (SSF), Gustavo Villatoro, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el extitular de dicha institución, José Ricardo Perdomo, por supuestos actos arbitrarios cometidos durante su gestión desde el 2014 al 2019.
Los casos denunciados se refieren a que Perdomo habría hecho múltiples contrataciones de personas en cargos que no completaban los perfiles requeridos como el realizado en 2017, en favor de María Ernestina Chávez de Lorenzana, esposa del entonces Secretario técnico y posteriormente de Comunicaciones y Gobernabilidad, del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, Francisco Roberto Lorenzana Durán.
Villatoro explicó que esta contratación se dio por orden directa de Perdomo para crear la plaza de “coordinador administrativo” con un salario de $2,500.00 mensuales, el cual se encontraba por encima del rango establecido para un puesto de ese tipo.
El funcionario dijo que dicha contratación se ejecutó bajo características anormales, ya que ninguna unidad administrativa requirió de la apertura de ese puesto y, en 2018, incluso se le renovó el contrato de forma indeterminada.
Fuentes oficiales dijeron que Chávez de Lorenzana fue separada de sus funciones, pero por sentencia de la Sala de lo Constitucional se ordenó su reinstalo hace diez días en el mismo puesto, con las mismas funciones y con el mismo salario.
La SSF ha desembolsado a la fecha un total de $112,500.00 en pago de salario para María Ernestina Chávez de Lorenzana. El Superintendente señaló que, con esos fondos, la SSF podría haber desarrollado un programa de empleabilidad para jóvenes pagando $400.00 a 25 jóvenes por casi un año.
Villatoro recalcó que la denuncia no es contra Chávez de Lorenzana, sino contra Perdomo que, como exfuncionario del partido FMLN, dejó claros indicios de corrupción y actos arbitrarios en la institución que tuvo a su cargo.
A criterio de la SSF, esas acciones son constitutivas del delito de actos arbitrarios, por lo que la FGR recibió toda la documentación y determinará si se abre la investigación respectiva.
