Decreto favorable a trabajadores de Salud es ilegal de forma, pero no de fondo

Sala de lo Constitucional da un tibio golpe a la Asamblea al resolver la Controversia, parcialmente, en favor del Ejecutivo en el caso del Decreto Legislativo 630.

Foto: Periódico Equilibrium.

La Sala de lo Constitucional resolvió parcialmente a favor del Ejecutivo la controversia sobre el Decreto Legislativo 630 que contiene la “Ley Especial de Reconocimiento a los Profesionales y Trabajadores de la Salud ante la Pandemia del COVID-19”.

Los magistrados le dan la razón al Gobierno, en el sentido que los diputados que promovieron la ley, no justificaron ni demostraron de manera objetiva la urgencia de la dispensa de trámite con que fue aprobado dicho decreto en la sesión plenaria ordinaria n° 98, del 16 de abril de 2020.

Pero señalan que los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la referida ley sí son legales, por lo tanto, faculta a la asamblea a archivar el decreto que da vida a la ley; pero al mismo tiempo le ayudan a impulsarla de nuevo si superan esa deficiencia de ilegalidad de forma, a la vez que señala que el Presidente Nayib Bukele, no podrá, en ese caso, vetarla.

En lo que no se pronuncia la Sala es en los vicios relativos a la falta de identificación de la forma de financiamiento, para cumplir con los beneficios que establece la ley en favor de los trabajadores de Salud que estuvieron y están al frente de la pandemia.

El decreto obligaba al Ejecutivo a que los profesionales de la salud tuvieran, por ley, acceso a los equipos de protección personal para el manejo de la pandemia y a proveerles una pensión vitalicia para el cónyuge del trabajador de salud que resultare fallecido en el cumplimiento de sus funciones.

El Presidente Bukele consideró en su veto, que la Asamblea Legislativa invade las competencias del Ejecutivo.

La instancia constitucional aseguró que el decreto es ilegal por “la vulneración a los principios de contradicción, libre debate y discusión propia de la actividad legislativa”; sin embargo, señala que no existe ninguna contradicción “en lo relativo a la presunta violación al derecho a la salud de la población y al principio de separación orgánica de funciones”.

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