CSJ ordena investigar desaparición forzada en caso “Guinda de Mayo”

Guinda de Mayo

La FGR deberá determinar la situación material en la que se encuentran diez personas a favor de quienes se interpuso un recurso de Hábeas Corpus ante la CSJ, mismo que ha sido declarado “ha lugar”.

Foto referencial: Periódico Equilibrium.

Treinta y tres años después de los acontecimientos ocurridos en Chalatenango, en el marco de la denominada Operación Limpieza ordenada por el Ejército y ejecutada por el Batallón de Reacción Inmediata “Ramón Belloso”, misma que la población conoce como la «Guinda de Mayo», la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala de lo Constitucional, ha ordenado a las actuales autoridades investigar los hechos.

En esa ocasión los militares habrían hecho desaparecer a varias personas, pero la Sala ha ordenado investigar los casos de María Amparo Romero y su hijo o hija, Elvira Orellana, José Rafael Franco, Pastor, Gladis y Norberta, todos de apellido Serrano Serrano, José Mauricio Menjívar Melgar, Rosa Morena Orellana Tobar, Milagro Navarro Orellana y Marcos López Orellana, a quienes la Sala considera como “presuntas víctimas de desaparición forzada”.

La historia se remonta a mayo y junio de 1982, cuando las personas en mención y otras de la comunidad se encontraban en sus casas y fueron sorprendidas por el operativo militar; en su huida, la señora María Amparo Romero llegó hasta el caserío Bajío o Bajillo y debido a dolores en su vientre, presuntamente en razón de su embarazo de nueve meses, se refugió en un árbol.

Allí la privaron de libertad algunos soldados y la llevaron hacia el “Campo Sierpe”, de donde despareció. Ni ella, ni su bebé, ni las demás personas han aparecido hasta la fecha.

Tras analizar el recurso de Hábeas Corpus, presentado a favor de las personas desaparecidas, la Sala decidió decláralo “ha lugar” por haberse establecido la desaparición atribuida a miembros de la Fuerza Armada.

También ha ordenado al Estado Mayor Conjunto y al Ministerio de Defensa Nacional verificar nuevamente los registros militares sobre tal operativo y luego certificar la información a la Sala y a la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta última tiene la obligación de investigar “inmediatamente” la situación de las personas favorecidas en este Hábeas Corpus e informar cada tres meses a la Sala sobre el avance de las investigaciones.

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