Este es un caso en que se fomenta la impunidad para quienes participan en delitos de cuello blanco, aseguran los representantes de una decena de entidades que se identifican como luchadoras contra la corrupción.
Foto referencial: Periódico Equilibrium.
Diversas organizaciones sociales calificaron de “impune” la decisión judicial de sobreseer definitivamente a los exfuncionarios y otros implicados en los actos de corrupción cometidos en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), con los que se favoreció a la empresa ENEL, de Italia.
Además de criticar la resolución emitida la semana pasada por el Juzgado Cuarto de Sentencia, también rechazaron la actuación del Fiscal General, Luis Martínez, quien ordenó a sus subalternos pedir el sobreseimiento basado en el Acuerdo Marco firmado por su persona y un representante de ENEL, en Washington.
Con ese acuerdo, El Salvador se comprometió a liberar de responsabilidades civiles a los implicados, ahora libres de cargo, entre ellos el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang.
Según las organizaciones firmante del pronunciamiento, Martínez “ha demostrado a lo largo de su período al frente de esta institución graves negligencias, irregularidades, incumplimientos de obligaciones y falta de ética profesional ante posibles conflictos de interés”.
Lo que Martínez ha hecho es plegarse a la defensa de los señalados en una estrategia técnica “para validar un acuerdo meramente comercial y llevarlo a incidir en la responsabilidad penal”, dicen los representantes de las organizaciones ACISAM, ARPAS, ISD, Colectivo Oveja Negra, El Movimiento 5+, CRIPDES, y ADES Cabañas, entre otras.
Debido a esta y otras actuaciones las organizaciones creen que Martínez no debe ser elegido en el cargo.
Por otra parte criticaron la posición del Presidente Salvador Sánchez Cerén, por expresar su acuerdo con la actuación del Fiscal General en torno a este caso y recriminó el hecho que para liberarse de ENEL, el Estado haya tenido que pagar más de $280 millones a la trasnacional.
