Con un fallo judicial histórico, Colombia transita de la minería ilegal a la justicia social

Mineria copyUn histórico fallo dictado en Colombia este mes pondría fin a la explotación minera que ha afectado gravemente el medio amiente, en un territorio donde se beneficiará a la comunidad afrodescendente.

Por: Fundación Avina.

INTERNACIONAL. A inicios de este mes, el juzgado de primera instancia de Popayán, departamento de Cauca, Colombia, devolvió los derechos territoriales y comerciales de la zona media y alta del rio Timbiquí al Consejo Comunitario Renacer Negro, eliminando cualquier resquicio legal que pudiera ser utilizado por mineros legales e ilegales para continuar las extracciones en la zona.

Se trata de una decisión histórica pues, además de restituir el territorio, reconoce y protege a la comunidad afrodescendiente que lo habita, blinda sus derechos y otorga salvaguardas que garantizan restituciones similares para otros aspectos en los esta comunidad ha sido víctima de abusos.

El Consejo Comunitario Renacer Negro (compuesto por una decena de comunidades afrodescendientes ancestrales) se aseguró mediante un fallo judicial el control legal de un territorio de 71.000 hectáreas que ha sido fuertemente explotado por mineros ilegales, que -a base de excavadoras, dragas y procesos químicos de filtrado- han destruido gran parte del valle del río Timbiquí y su fauna piscícola, en una muestra más de los efectos devastadores que tiene la tristemente famosa fiebre del oro.

El Consejo Comunitario recibió este reconocimiento legal luego de soportar más de 5 años de vejaciones y apropiaciones ilegales de sus recursos naturales por parte de personas y organizaciones criminales que han convertido esos parajes en una fuente de ingresos para financiar actividades delictivas, en un campo de batalla contra el ejército colombiano, y un terreno para cultivos ilegales (coca).

La historia del Timbiquí

A finales del siglo pasado, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria – INCORA (actualmente Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural – INCODER) otorgó los derechos territoriales de 71.000 hectáreas de la zona del alto y medio Timbiquí a las comunidades ancestrales que la habitan: 762 familias, distribuidas en 11 aldeas de afrodescendientes representadas por un consejo comunitario llamado Renacer Negro.

A pesar de esta concesión, el territorio ha sido objeto de disputas entre distintos sectores y organizaciones (tanto legales como delictivas) debido a la presencia de oro y otros minerales (plata, plomo, hierro, manganeso, níquel, platino, cobre y zinc).

Se sabe, por ejemplo, que la Agencia Nacional Minería ha otorgado licencias de exploración y explotación a varias empresas en los alrededores de la zona, pero si se toma en cuenta la ubicación de las prospecciones realizadas- probablemente exista cierto grado de superposición con el territorio ancestral.

El territorio también ha sido utilizado para el cultivo de coca por parte de grupos armados (como las FARC o “Los Rastrojos”) con la subsecuente violencia e inseguridad que conllevan estas “zonas liberadas”.

La presencia de estos grupos atrae a su vez al ejército, lo que produce desplazamientos masivos de personas que huyen del conflicto armado.

Pero la problemática no concluye ahí: a finales de la década pasada, el precio del oro aumentó a nivel mundial, generando un incremento en la demanda y por consiguiente del precio del metal.

De esta manera, los depósitos del rio Timbiquí se convirtieron de la noche a la mañana en una fuente de renta para los grupos delictivos, que encontraron en la explotación del oro una oportunidad de financiamiento de bajo riesgo para sus actividades criminales.

Que te descubran con dos kilos de cocaína en un aeropuerto te puede acarrear una sentencia de varios años en prisión. Pero que te descubran con 2 kilos de oro no está penalizado por la ley.

La nueva demanda de oro no solo fortaleció a los grupos delictivos de la zona, sino que atrajo además un torrente de buscadores de oro que –con máquinas pesadas y procesos químicos de alto impacto ambiental- destruyeron gran parte del cauce del rio Timbiquí y contaminaron las aguas con metales pesados, destruyendo de un solo plumazo todas las fuentes de renta y subsistencia de las comunidades locales: la pesca, el cultivo (principalmente ñame y yuca) y el “barequeo” o minería artesanal.

Los mineros ilegales llegaron incluso a imponer -a base de amenazas de violencia y muerte- cuotas de extracción para los habitantes locales, permitiéndoles trabajar solamente en ciertos días de la semana y en determinadas zonas geográficas.

El histórico fallo del 1ro. de julio de 2015

Luego de cinco años de soportar estos abusos, el juzgado del circuito especial de restitución de tierras de Popayán ha garantizado el control total de las 71mil hectáreas al Consejo Comunitario Renacer Negro y ha emitido 31 compulsas para otras tantas instituciones públicas, disponiendo que:

El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería establezcan y garanticen que la zona minera y su licencia de explotación pertenezcan exclusivamente al Consejo Comunitario, suspendiendo de facto cualquier concesión minera legal otorgada en el pasado que incluya o se superponga al territorio colectivo en cuestión.

La Fiscalía actúe de oficio para terminar con la minería ilegal y la destrucción ambiental que conlleva.

La Policía, la Armada y las alcaldías de Buenaventura y Timbiquí impidan el ingreso y embarque de máquinas retroexcavadoras, dragas y planchones al territorio colectivo.

En caso de detección de cultivos ilícitos, la Dirección de Antinarcóticos del Ministerio de Defensa evite las fumigaciones aéreas con glifosato, obligando a su erradicación manualmente.

El Ministerio del Interior establezca y ejecute un plan de retorno de los miembros del Consejo Comunitario desplazados por el conflicto armado.

La Unidad de Reparación y Atención de las Víctimas garantice al Consejo Comunitario un Plan Integral de Reparación Colectiva.

Si bien esta decisión judicial solo contempla la restitución de una pequeña parte del territorio ancestral colombiano (Desde el 2011 se han restituido 93.000 hectáreas, de las 114.174.800 disponibles), se trata sin dudas de una gran victoria para este pequeño grupo de comunidades.

Pero es una victoria mucho más grande -si cabe- para Colombia en su lucha por alcanzar una paz duradera y sostenible; una paz que se base en el respecto a la dignidad de todas las personas, la construcción de instituciones fuertes y confiables, la mitigación del impacto ambiental de las actividades humanas, y la imposición de una justicia social que asegure oportunidades de progreso y desarrollo para todos los colombianos por igual.

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