Colegios privados denunciados por obligar a padres a adquirir productos

Ninguna institución privada está autorizada para incrementar las cuotas de matrícula o de las mensualidades, sin antes haberlo consultado en una asamblea de padres de familia.

Foto: Mined.

San Salvador. En el call center del Ministerio de Educación se han recibido 513 quejas de parte de padres de familia contra instituciones educativas privadas, denunciando hechos que afectan su economía familiar.

Las denuncias se han dado entre el 8 y 11 de enero y en las mismas se revela la obligatoriedad impuesta por los colegios privados para la compra de libros impresos o digitales, con costos elevados; compra de uniformes de uso diario, exigencia en la compra de materiales de limpieza y kits de bioseguridad, entre otras.

También se registran 38 denuncias de incrementos de colegiaturas y matrículas, según lo dieron a conocer la Ministra de Educación, Carla Hananía, y el Presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.

En los últimos días, se han incrementado las denuncias de instituciones privadas; por tal razón, el Ministerio de Educación (MINED) junto a la Defensoría están trabajando de manera coordinada para velar porque se cumplan los derechos de los padres de familia, dicen las autoridades.

Recordaron que la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 ha afectado los bolsillos de los padres de familia, sobre todo de quienes han matriculado a sus hijos en colegios privados.

La compra de un uniforme no debe condicionar la prestación de un servicio educativo, ni tampoco el uso de libros de cierta editorial debe incidir en los aprendizajes que los estudiantes van a asimilar durante el año escolar, han advertido los titulares.

Y aunque consideraron que todos los materiales educativos son para apoyar los procesos de aprendizaje, no pueden presentar una carga desproporcionada para las familias

El hecho de condicionar la matrícula de los alumnos con la compra de productos escolares en una institución (o en un determinado lugar) es una situación regulada y multada por la Defensoría del Consumidor.

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