La comisión propone que le den facultades para ser parte activa dentro del proceso penal a través de la figura del Querellante.
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San Salvador. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) dependencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) propuso al gobierno salvadoreño una serie de propuestas de reforma de ley, con la intención de combatir la corrupción y la impunidad.
De esta forma, la referida comisión propone prevenir la corrupción, garantizar la transparencia, la rendición de cuentas de funcionarios, así como nuevas tipologías para la persecución de delitos contra el patrimonio del Estado.
Las propuestas fueron entregadas a la Canciller de la República, Alexandra Hill, y al Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, en una reunión con el Comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta.
Las leyes a reformar serían la de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (1959); Código Penal (1998) y Procesal Penal (1973); de Lavado de Dinero y Activos (1998); a la derogación de la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Fopromid, (2005); de Ética Gubernamental (2011); y Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita (2013).
Otras recomendaciones van en el sentido de fortalecer la Fiscalía General de la República y otras instituciones de control, hacer eficientes y transparentes los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, la actualización de leyes que regulen eficazmente la función pública y promover la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
Representantes de la institución dicen que las reformas sugeridas por la CICIES derivan de un análisis de diversas propuestas realizadas por instancias de la sociedad civil y de entidades intergubernamentales.
Desde su instalación, la CICIES ha brindado alrededor de 25 asistencias técnicas a la Fiscalía General de la República en procesos de alto impacto, solicitados por el Fiscal General, ha trasladado 60 recomendaciones al Órgano Ejecutivo sobre buenas prácticas para el fortalecimiento institucional como resultado del monitoreo especial de uso de fondos públicos destinados a la atención de la pandemia por COVID-19.
