El Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), Carlos Guerra Gallardo, fue cauto al abordar el caso de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sobre la ilegalidad de la elección de un tercio de sus magistrados por parte de la Asamblea Legislativa, pero dejó entrever que esta instancia regional podría conocer este hecho.
Guerra Gallardo se abstuvo de opinar al respecto porque cualquier declaración específica sobre el caso lo obligaría a apartarse del análisis si el mismo llegara a conocimiento del pleno de la CCJ.
No obstante dijo que lo que conoce del caso lo ha leído en los medios de comunicación salvadoreños, en los que se deja entrever que existe un interés «de algunos» de acudir a esta instancia regional tomando como base el hecho que se trataría de un conflicto entre Poderes.
Pero señaló que en los estatutos de la CCJ se establece en su acápite F, del artículo 22, sobre dos competencias de esta Corte, que se refieren, el primero, al no cumplimiento de fallos judiciales y, el segundo, cuando existe conflicto entre Poderes.
Sobre esto último hay un precendente que data de 2004 ó 2005, cuando un Presidente de un país centroamericano, acudió aduciendo que se le quería quitar atribuciones como Presidente, y se planteó como un conflicto entre los Podres Ejecutivo y Legislativo, pero todo caso se analiza para saber si es procedente o no.
En El Salvador, diversos sectores consideran que el caso representa un conflicto entre Órganos del Estado, para algunos otros no.
