El proyecto de ley pretende que se suspendan las penas de prisión para quienes reconozcan su responsa-bilidad en crímenes cometidos durante el conflicto y se sustituyan por penas alternativas de servicios a la comunidad.
Foto: Periódico Equilibrium.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reiterado este miércoles que el Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, que se discute en El Salvador, no debe aprobarse, porque sería una amnistía de facto.
“Tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones de derecho internacional”, afirmó.
El anteproyecto de ley – que ha presentado recientemente la Sub Comisión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa – tomó como base principal el trabajo de una Comisión “Ad Hoc” que fue seriamente cuestionada debido a que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en el conflicto armado.
Además dijo la funcionaria, le falta transparencia y no contó con participación de las víctimas durante su elaboración.
La Comisión “Ad Hoc” se creó en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema que, en julio de 2016, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz de 1993 y pidió a la Asamblea Legislativa la redacción de una nueva Ley de Reconciliación Nacional.
Como afirmó recientemente el Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición: “Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros. Además, la impunidad en relación con esos delitos puede contribuir a su repetición y a la creación de círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país”, agrega el comunicado.