¿Quién paga la deuda pública?

¿Se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Qué se ha respondido? A lo mejor la respuesta fue: el Estado o el gobierno. ¿Qué opina si le decimos que la deuda que ha adquirido El Salvador es pagada por todos los salvadoreños? A lo mejor tome un rato de pensamiento y luego podrá concluir, ¿Cómo? si a mí jamás me ha venido el Fondo Monetario, Banco Mundial o alguien más a cobrarme un cinco de lo que debe el país. Tiene razón en eso ¿pero, entonces, porqué decimos que lo paga usted y sus familiares?

Por: Carlos Minero.

Lo afirmamos porque el monto que se paga anualmente por la deuda (capital e intereses) sale del Fondo General de la Nación que es la bolsa común que la Constitución, en su artículo 224, establece como el lugar en el que se guardarán todos los ingresos del Estado (impuestos cobrados, utilidades de las empresas públicas, transferencias cobradas, etc.) y de allí se pagará todo. La misma constitución indica que en el caso de la deuda pública se podrá afectar determinados ingresos, para su pago.

“De allí se paga” significa que no solo la deuda sino también los gastos y salarios que se generan en los Órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo, es decir, Corte Suprema de Justicia y Tribunales de todo el país; Asamblea legislativa; Presidencia de la República y todos los ministerios y las instituciones que llaman descentralizadas como los hospitales nacionales, Instituto Nacional de los Deportes y otros; también el Ministerio Público (Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos). En fin. Todo el Gobierno.

¿Qué ocurre si la deuda pública crece? lógicamente crecerán los montos que el país debe cancelar por intereses y capital. Al hacerlo, reduce los fondos disponibles en el fondo general para ser distribuidos entre los órganos del Estado.

Por ejemplo, los montos asignados a Salud, Educación y seguridad, para el año 2019, son menores al porcentaje de dinero que se utilizará para pagar la deuda e intereses de la misma, en la “Ley General del Presupuesto y Presupuestos Especiales 2019”

Para el pago de deuda e intereses se asignó el 27.15% del total de 6 mil 713 millones de dólares. En tanto a Educación se le asignó el 14.85%; a Salud, 9.95%; a Cultura, 0.32%; a Agricultura y Ganadería, 0.99%; a Obras Públicas, 5.32%; y a Justicia y Seguridad Pública, 6.36%.

El pago de deuda e intereses afecta entonces la calidad del servicio que se recibe en Salud, Educación, Cultura, Seguridad y todas las demás instituciones que, por ley, deben servirnos. En otras palabras, cuando no se recibe educación pública de calidad (niños que no aprenden a leer, escuelas desvencijadas, falta de bibliotecas), cuando la atención en salud carece de calidez y de medicinas en las farmacias de los hospitales; cuando la seguridad es aún débil y no nos garantiza la vida, se está cancelando la deuda pública.

Lo más doloroso es que buena parte de esos fondos adquiridos como deudas, han servido únicamente para engordar la bolsa personal de expresidentes y exfuncionarios corruptos. De allí la importancia de empezar a prestar atención a los temas relacionadas con las finanzas públicas, para evitar que nuestros hijos y nietos se queden, de por vida, pagando una deuda que han disfrutado unos cuantos pocos corruptos.

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