El Consorcio por la Transparencia finalizó una jornada que recogió las expectativas de diversas organizacio-nes que ponen en la mesa el tema de las elecciones de segundo grado.
Fotos: Periódico Equilirbium.
Los siguientes procesos de elección de cinco nuevas magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, entre estas cuatro de la Sala de lo Constitucional, y del Fiscal General de la República, representan dos eventos que pondrán a prueba el compromiso institucional por asumir de forma responsable la lucha contra la corrupción.
Así concluyen personalidades de las diversas organizaciones que realizaron la Semana de la Transparencia, en la que la juventud tuvo una destacada participación dijeron Javier Castro, Director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y Claudia Umaña de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ).
La lucha contra la corrupción debe ser un tema prioritario porque esta debilita las democracias y la confianza en los estados, sostienen las personas que representan al Consorcio por la Transparencia, responsable del evento.
Castro sostiene que la elección de funcionarios de segundo grado por parte de la Asamblea Legislativa es importante, porque no solo se trata de cumplir con lo legal sino de llevar a personas idóneas; se refiere a que en 2018 deberá nombrarse nuevas magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, en donde deben estar personas idóneas que no respondan a cuotas políticas que tanto daño le han hecho al país.
Solo así se podrá ir avanzando en la mejora de El Salvador a nivel internacional y regional; en Centroamérica el Índice de Percepción de la Corrupción ubica a El Salvador en segundo lugar, debajo de Costa Rica, pero con una posición 36, eso indica que hace falta mucho por hacer, advierte Castro.
Además dice que en esta lucha contra la corrupción El Salvador ha disminuido en su posición, entonces la ciudadanía debe exigir más y hacer una mejor contraloría.
El inicio del proceso de la elección del Fiscal General es otro evento que servirá para probar que el Estado se interesa por mejorar la lucha anticorrupción.
“No queremos que en esto haya retrocesos porque se debe velar por el interés público y allí es donde cobra importancia el tema de pesos y contrapesos”, abona Castro.
Propuestas
El Consorcio por la Transparencia está interesado en que se tengan mediciones objetivas de las características de las personas que ocuparán cargos en la conducción del país, como las tablas de evaluación, para ver quien es más idónea que otra mediante expedientes abiertos que muestren públicamente que no existen condenas y otras condiciones que las hacen inhábiles, agrega el representante de Fusades, al referirse al proceso en el que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la Federación de Abogados de El Salvador (Fedaes) escoge a 30 profesionales que competirán para asumir las magistraturas de la Corte.
Claudia Umaña, en tanto, abona en que esta percepción del Consorcio para la Transparencia, es importante para busca cómo elevar los estándares de buena gobernanza, con el ánimo de tener los elementos de construir un país desarrollado y más justo.
“Hay avances desde la firma de los Acuerdos de Paz, pero también estamos empantanados y esto viene de varios ángulos: el país se ha deteriorado, su tejido social se desintegra por la migración (causada) por la violencia, las familias están divididas y los salvadoreños estamos divididos en brechas generacionales, profesionales y políticas”, dice.
Umaña agrega que hay gente inteligente en el país, con ganas de trabajar y ahora la juventud con liderazgo puede ser cautivada con prácticas políticas idóneas para que se interese en correr por altos cargos.
“Se deben transparentar los procesos, no tenemos como consorcio la solución a todos los problemas, pero sí podemos proponer para presionar a que sean las mejores personas que asuman una diputación, por ejemplo”, ilustra.
Desde que la lucha contra la corrupción se inició, se ha avanzado en esta materia porque ya se tienen mejores marcos normativos, se tiene una Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Acceso a la Información Pública, una institucionalidad incipiente pero que se debe seguir trabajando para fortalecerla, dicen las personas que representan al Consorcio.