La Fundación Legal por el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), señaló que el 2012 fue un año difícil para la independencia judicial en Centroamérica. Diversos episodios evidenciaron la injerencia indebida de los poderes ejecutivo y legislativo en la labor de los jueces de esta región. Por el creciente rol que viene desempeñando la justicia constitucional, los ataques a las salas o cortes constitucionales fueron las más evidentes.
En abril, la Asamblea Legislativa de El Salvador trató de cambiar a un magistrado de la Sala de lo Constitucional a otra sala por no estar de acuerdo con sus decisiones, además de negarse a acatar dos decisiones de la Sala sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos de magistrados hechos en el 2006 y 2012. Sólo después de una crisis constitucional que duró casi dos meses y que involucró indebidamente a la Corte Centroamericana de Justicia, la Asamblea procedió a nombrar esos magistrados con la finalidad de poner punto final a la crisis-aunque sin respetar los lineamientos establecidos por la Sala-.
En Costa Rica, la Asamblea Legislativa decidió en noviembre no renovar el mandato de un magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en un votación que la bancada de uno de los partidos políticos calificó como una «llamada de atención» a la Corte Suprema por las decisiones que venía tomando, incómodas para muchos sectores.
Y en Honduras, el Congreso Nacional destituyó, en una sesión de madrugada realizada hace una semana, a cuatro jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, pocos días después de que la Sala emitiera una decisión con la que varios diputados no estaban de acuerdo.
Aunque éstos fueron los eventos más complejos que vivió la región, la vulnerabilidad del órgano judicial frente a las injerencias indebidas de otros poderes fue un patrón que se vio claramente durante el año que acaba: en Panamá, donde el presidente en 2011 derogó un decreto que regulaba y transparentaba el proceso de selección de magistrados, no existe ahora ninguna garantía de que se seleccionará a los candidatos más idóneos, en lugar de personas cercanas al presidente. De hecho, el día de ayer, el Presidente Martinelli, en un proceso opaco y sin participación pública alguna, nominó como magistrado de la corte suprema a una persona de su confianza: el actual Procurador General de la Nación, y decidió que la asesora jurídica del presidente -otra persona muy cercana a él- sería la nueva Procuradora.
En Nicaragua, país que sufre de un problema crónico de falta de independencia judicial por el control evidente del poder ejecutivo sobre el poder judicial, hay varios magistrados provisionales en la Corte Suprema debido a que su mandato ha expirado sin que se haya nombrado a nuevos jueces, y en Guatemala, la Corte Constitucional, a punto de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, viene estando sujeta a fuertes presiones.
DPLF llama a los Estados de la región a respetar el principio de separación de poderes. Solo un poder judicial independiente, libre de presiones indebidas -tanto externas como internas- puede garantizar una mejor administración de justicia y el respeto para el Estado de Derecho, condiciones imprescindibles para el desarrollo de la región.