Para la Presidencia esta decisión de la Sala de lo Constitucional representa un freno al desarrollo energético de El Salvador.
Foto: TEG/Periódico Equilibrium.
Tras admitir la demanda de inconstitucionalidad contra la aplicación del 13% a la tarifa por el consumo de la energía eléctrica, la Sala de lo Constitucional suspendió la aplicación de la medida prevista para este viernes 15 de julio.
La Sala analizará si el cargo para la inversión social contenido en los arts. 1 y 2 del Decreto Ejecutivo n° 39 que reforma el Reglamento de la Ley General de Electricidad, constituye realmente un impuesto al precio promedio de la energía eléctrica trasladable a tarifas.
El demandante alega vulneración al principio de reserva de ley tributaria establecido en el art. 131 ord. 6° de la Constitución, y al principio presupuestario de caja única regulado en la parte primera del art. 224 inc.1°, en relación con el art. 131 ord. 8°, ambos de la Constitución.
Tras la respectiva notificación, la Presidente de la República tendrá un plazo de diez días hábiles para que se aclare, de forma argumentada, si existe o no la inconstitucionalidad alegada en el Decreto Ejecutivo.
La presidencia ya ha dado públicamente una posición, considerando que la decisión del ejecutivo es constitucional y, al mismo tiempo, consideró que la resolución de la Sala es “un freno al desarrollo energético de El Salvador.
El Fiscal General de la República también deberá emitir un escrito en el que plasme su consideración, en el sentido si considera legal o no el decreto mencionado.
En un comunicado oficial, el gobierno dice que “este cargo (frenado de momento) significa únicamente un centavo de dólar por kilovatio hora (KWh), sin afectar a más de un millón de hogares, es decir el 70% de los mismos”.
Agregó que el centavo por kilovatio hora es necesario para la inversión social, que es vital para ampliar las capacidades de CEL en la generación de energía limpia y renovable, lo que garantiza precios bajos sostenibles.
