Por Metzi Rosales Martel, colaboradora de la Fundación Arias
Funcionarios de 15 países de América Latina concluyeron que todo tipo de armas y municiones deben ser incluidas en el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) El control de las armas pequeñas y ligeras y las municiones debe de mejorar en América Latina y el Caribe. La Fundación Arias espera que el TCA pueda aprobarse durante la negociación programada para julio de 2012 en el Organismo Mundial de las Naciones Unidas
La transferencia de todo tipo de armas, incluidas las pequeñas y ligeras, municiones debe regularse. Y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) debe de tener un carácter jurídicamente vinculante. Estas son dos de las 20 conclusiones a las que llegaron los funcionarios y representantes de organismos no gubernamentales de 15 países de América Latina luego de tres días de ponencias, debates y grupos de trabajo realizados durante la Reunión Hemisférica sobre el control de armas y el tráfico ilícito de armas de fuego.
El primero en señalar esa necesidad fue José Eduardo Proaño, Delegado de la Primera Comisión, Misión Permanente de Ecuador ante Naciones Unidas. “Desde la perspectiva de Ecuador en el TCA se debe de incorporar la transferencia de armas pequeñas y municiones”. Idea que fue retomada y avalada por los asistentes de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú y República Dominicana.
El Tratado, que data de 1997, es promovido por la Fundación Arias, a iniciativa de Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica, y otros seis galardonados al Premio Nobel de la Paz, quienes idearon para ese año un Código de Conducta sobre las Transferencias Internacionales de Armas.
“El TCA busca establecer estándares comunes para regular todas las transferencias internacionales de armas, de forma transparente, universal y jurídicamente vinculante”, resume la memoria de la primera reunión hemisférica. La Fundación Arias ha realizado siete encuentros con representantes de los países de América del Sur; y 11, con México y Centroamérica para consensuar el TCA de cara a junio de 2012, fecha en que presentará un informe ante las Naciones Unidas.
Los funcionarios de defensa, gobernación, seguridad, aduanas y cancillería coincidieron además en que la “deficiente regulación de las armas en América Latina facilita su desvío al mercado ilícito” y por ende a la inseguridad en la región.
En 2011, el informe The Global Burden of Armed Violence, publicado por la Declaración de Ginebra, estimó que más de 526.000 personas mueren cada año. La mayoría, 9 de cada 10, ocurre fuera de situaciones de conflicto o ataques terroristas. Mientras que el 42% de los homicidios con arma de fuego que cada año ocurren en el mundo, tienen lugar en América Latina, donde vive menos del 10% de la población mundial. El costo de las muertes con armas de fuego totaliza el 14 % del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina; el 10% del PIB de Brasil; y 25 % del PIB de Colombia, cita el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Desarme Civil, en su sitio web.
“América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, con altos porcentajes de víctimas mortales por armas de fuego. La deficiente regulación de las armas en América Latina facilita su desvío al mercado ilícito, contribuyendo al crecimiento desmesurado de la violencia armada y la inseguridad en la región”, fue otro de los razonamientos compartido por los representantes de los 15 países.
El Consejo de los 15 países
En el mundo, se estima que hay un arma por cada diez personas. Cada año, en más de 40 países se fabrican 8 millones más, junto con 14.000 millones de unidades de munición militar, es decir, 2 balas por persona. Así, en 2010, el gasto militar mundial alcanzó los 1.630 billones de dólares; y América Latina encabezó la lista de regiones que más incrementaron su gasto militar el año pasado: $63.300 millones, es decir, un 5.8% más respecto a 2009. Estos datos resultan de los estudios del Stockholm International Peace Research Institute, compartidos por Carina Solmirano, investigadora del SIPRI, por sus siglas en inglés.
El eco de estas cifras, presentadas durante el inédito cónclave, fue ensordecedor. Así como los ejemplos citados por Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica, de cómo podrían invertirse esos millones de dólares en los llamados Dividendos de Paz: inversión en desarrollo humano. Las estadísticas le dicen al nobel de la paz, que si América Latina reduce a la mitad su gasto militar podría aumentar la inversión en investigación y desarrollo en un 1%. Para el caso de Ecuador y El Salvador, esta cifra podría ser mayor. “Si los países latinoamericanos redujeran en una cuarta parte su gasto en armas y soldados, tendrían recursos suficientes para comprar 150 millones de computadoras del programa One Laptop Per Child. Con esto, podría entregarse una computadora a cada niño que se encuentra actualmente en el sistema educativo… Si dejaran de comprar un solo helicóptero artillado, darían alimento escolar a miles de niños durante toda la primaria”, ejemplificó Arias durante su discurso de bienvenida.
En 2007, la violencia en el país centroamericano tuvo un costo económico equivalente al 10.9% del PIB y a más del doble de las asignaciones presupuestarias para Educación y Salud, señala el economista Carlos Acevedo en su estudio “Los costos económicos de la violencia en El Salvador”. Mientras que en 2009, el costo fue del 11% del PIB, es decir cerca de 15 de cada $100, en un país donde el 80% de los homicidios se comete con arma de fuego, cuya tasa de muertes violentas fue de 64.8 de cada 100.000 habitantes en 2010.
La antesala propició después el encuentro de opiniones. Los representantes coincidieron en la necesidad de mejorar los controles sobre las transferencias de armas, mejorar los sistemas de marcaje y rastreo de armas y municiones con una normativa internacional que estandarice la importación y exportación; y establecer mecanismos para la implementación y verificación del Tratado. Esto para evitar que el armamento legal inyecte más al mercado ilícito relacionado con narcotráfico, conflictos armados y trata de personas.