Ninguna persona, en especial funcionarios y/o afiliados políticos pueden tener negociaciones orientadas a buscar beneficios electorales o de otro tipo que pueden resultar en el fortalecimiento de estas organizaciones terroristas, justifica la FGR.
Foto: Periódico Equilibrium.
La Fiscalía General de la República pretende llevar ante la justicia al expresidente de la Asamblea Legislativa y actual Diputado por ARENA, Norman Quijano, por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas y por lo cual el pasado lunes solicitó ante la Asamblea Legislativa un antejuicio y desafuero del político.
Así lo establece el documento presentado el lunes por la FGR ante la Asamblea Legislativa, ya que la Fiscalía, después de una “extensa investigación liderada por el Fiscal General, Raúl Melara”, ha concluido que se configuran los referidos delitos.
El antejuicio y desafuero es solicitado para que Quijano sea procesado en los tribunales comunes y allí se demuestra su culpabilidad o inocencia, según la petición fiscal.
Al expresidente de la Asamblea Legislativa se lo acusó de haberse reunido con miembros de estructuras criminales conocidas como pandillas grupos terroristas, a quienes les habría pedido el voto y ofrecido dinero a cambio de favorecerlo en las elecciones presidenciales de 2014, cuando perdió ante Salvador Sánchez Cerén.
Miembros del partido de Sánchez Cerén (FMLN) también negociaron con pandillas, según un testigo que dio su declaración ante un tribunal de justicia que procesó penalmente a 425 pandilleros que fueron capturados en el marco de la Operación Cuscatlán, con la que se debilitó en parte el sostén económico de este grupo terrorista.
Noé, como se le conoció al testigo criteriado de la Fiscalía, aseguró que aparte de Quijano, también se reunieron con pandillas, el actual Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como el exdiputado del FMLN, Benito Lara.
GANA ya adelantó que dará sus votos para el antejuicio y desafuero e incluso uno de sus líderes, el Diputado Guillermo Gallegos, se autopropuso para fungir como “fiscal del caso”.