Período de función de autoridades legislativas y municipales seguirá siendo de tres años

El decreto de reforma impugnado viola el principio de legitimación popular indirecta; la Asamblea Legislativa período 2012-2015 lo aprobó siete días antes de finalizar su mandato.

Foto: Periódico Equilibrium.

Las reformas a los artículos 124 y 202 de la Constitución que propusieron en 2015 los diversos institutos políticos por medio de sus diputaciones, en el sentido de ampliar a cinco años la función del cuerpo de diputados y de concejos municipales, no será posible.

Ello debido a la resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró ilegal en forma las modificaciones a la Ley Primaria realizadas, porque no se cumplió con la obligatoriedad de informar a la población debidamente, para la conformación de la legislatura encargada de la ratificación de dicha reforma.

Esa información habría permitido al pueblo decidir, oportunamente, apoyar o no a los candidatos a la Asamblea Legislativa que respalden la mencionada reforma constitucional. En consecuencia, la legislatura 2015-2018 queda inhibida para ratificar dicho acuerdo.

La reforma aprobada está escrita así: “Art. 1.- Refórmase el Art. 124 de la siguiente manera: ‘Art. 124.- Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa durarán en sus funciones cinco años y podrán ser reelectos; su período comenzará el primero de mayo del año en que deban tomar posesión de sus cargos. Los diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano se renovarán en sus cargos en el período, forma y plazo fijados en el tratado respectivo y la ley. Los requisitos que deben cumplir unos y otros serán los determinados en la Constitución, el tratado respectivo y la ley.”

En cuanto al segundo artículo reformado, quedó establecido: “Refórmase el inciso segundo del Art. 202 de la siguiente manera: ‘Los miembros de los Concejos Municipales deberán ser mayores de veintiún años de edad, originarios o del domicilio del municipio por el que resulten electos; ocuparán el cargo por el período de cinco años y podrán ser reelectos. Los requisitos que deben cumplir tales funcionarios serán los determinados en la Constitución y en la ley.’

Finalmente decretaron transitoriamente lo siguiente: ‘El período de los diputados, diputadas y miembros de Concejos Municipales electos para tomar posesión de sus cargos el día uno de mayo del año dos mil dieciocho, concluirá el día treinta de abril del año dos mil veintidós’”.

Los magistrados justifican que la inobservancia de la etapa informativa del procedimiento de reforma constitucional, que deriva de los artículos 83, 85 inciso 1° y 248 de la Constitución, y sobre la cual la sala ya se había pronunciado en la Sentencia de 16-XII-2013, pronunciada en el proceso de Inconstitucionalidad 7-2012, es la que ha dado lugar a esta declaración.

El demandante señaló que el decreto de reforma constitucional impugnado viola el principio de legitimación popular indirecta de la reforma constitucional, puesto que la Asamblea Legislativa del período 2012-2015 lo aprobó apenas 7 días antes de que finalizara su mandato.

Debido a ello, la población no pudo pronunciarse sobre la reforma constitucional de forma tácita al elegir a la legislatura del período 2015-2018 ya que para entonces se encontraban firmes los resultados electorales que conformaban la legislatura encargada de ratificar el acuerdo.

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