Organizaciones de la sociedad civil piden nulidad de TLC

Algunos de los representantes de la Mesa contra la Minería Metálica, al momento de pedir una pronta resolución.

Para la Mesa, los mecanismos de resolución de conflictos de inversiones, así como las ventajas dadas a empresas transnacionales por sobre las empresas nacionales, entre otros aspectos, representan afectaciones a los derechos económicos, sociales y políticos de amplios sectores de la sociedad salvadoreña.

Desde 2007, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mantiene en sus gavetas al menos tres peticiones de inconstitucionalidad contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Casi seis años después, diversas organizaciones que conforman la denominada Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador presentó una carta al máximo tribunal de justicia del país, para pedirle que resuelva.

Pero no es una sencilla petición; las organizaciones pretenden que esta ley sea declarada inconstitucional.

La Mesa, señalan como inaceptable el hecho de que, hayan “transcurrido seis años sin que la Sala haya resuelto al respecto de ninguna de estas demandas”.

Enfatizaron que en el contexto político y social que atraviesa el país por la ratificación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA), la declaratoria de inconstitucionalidad del CAFTA permitiría ampliar el debate en torno a la conveniencia de los Tratados de Libre Comercio como el AdA.

Los peticionarios recordaron que cuando la Sala de lo Constitucional admitió las demandas, estableció al menos 14 argumentaciones que validaban la demanda de inconstitucionalidad del CAFTA y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo debían dar cuenta de la decisión de haber firmado y ratificado dicho acuerdo.

Un ejemplo de las ventajas aludidas, son las otorgadas a corporaciones por sobre los gobiernos es lo ocurrido con las empresas mineras Pacific Rim y Commerce Group. Estas corporaciones mineras han iniciado procesos de arbitraje contra el Estado salvadoreño por más de 400 millones de dólares en total.

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