OPINIÓN: Bisturí urbanístico: vivienda de interés social (1/2)

Desde el cruel “asesinato” del Instituto de Vivienda Urbana” (IVU), en 1990, en la gobernabilidad el Presidente Alfredo Cristiani, el enfoque de la vivienda como mercancía se incrementó exponencialmente.

Por: Alma Sánchez.

Desde el 11 de marzo de 2020, el Órgano Ejecutivo de El Salvador decretó el cierre de fronteras y suspendió clases para los centros educativos; desde esa fecha El Salvador tomó la decisión de iniciar un proceso de cuarentena, a todas luces necesarias, especialmente por el comunicado dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se declaró al COVID-19 como una pandemia, debido al incremento de casos alrededor del mundo. 

La cuarentena obligó a la población salvadoreña, de inmediato, a la aplicación de las recomendaciones de la OMS, en cuanto a: (i) quedarse en casa; (ii) distanciamiento social o sano distanciamiento, no menor a un metro y medio aproximadamente; y (iii) el uso de mascarillas, guantes, lavado constante de manos y desinfección extrema al ingresar al recinto habitacional, cuando se provenía del exterior.

Según FAO-PESA (2011), “Centroamérica es una de las regiones donde se concentra la población pobre de América Latina. Si bien en América Latina el porcentaje de personas en situación de pobreza asciende al 33,1%, en Centroamérica este porcentaje se eleva hasta el 50,9%” (P.5). 

La referida institución reporta que el mayor porcentaje de población en situación de pobreza se encuentra en Honduras a la cabeza (68,9%), seguido de Nicaragua (61,9%), Guatemala (54,8%) y El Salvador (47,9%). Costa Rica y Panamá están muy por debajo de la media centroamericana (18,9% y 25,8% respectivamente).

Lo anterior hace aproximar el contexto de desigualdades y segregación habitacional en las ciudades centroamericanas, en donde El Salvador, por sus propias características territoriales (no tenemos el territorio del resto de los países centroamericanos y tenemos la población que ellos no tienen, especialmente en las urbes), le ha resultado difícil cumplir con la medida “QUÉDATE EN CASA”, situación confirmada en el webinar de “Asentamientos precarios y vivienda social: Impactos del COVID-19 y respuestas (Laboratorio de vivienda)”, desarrollado por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el día 14 de abril de 2020. En dicho acto se hizo del conocimiento que, cerca de un 30-35% de la vivienda en Centroamérica, no tiene cómo cumplir con las precitadas recomendaciones de la OMS.

En el afán de querer descubrir un poco, sobre la relación del espacio habitacional, el comportamiento de los miembros de la familia, y la presión en cuanto al QUÉDATE EN CASA, ejercida por el virus chino “coronavirus”, hice un seguimiento de noticias, post/comentarios u opiniones de Face Book, notas periodísticas, blog y columnistas de opinión, reportajes hechos a la población salvadoreña de sectores populares, que viven de ingresos económicos del día a día, sumado a la investigación de webinar urbanísticos, por lo que es factible concluir que son, principalmente, dos los factores por los que la población no cumplió en el momento de mayor encierro (marzo-mayo 2020), con la referida consigna de no salir de su habitación:

1-   La preocupación económica de llevar alimentos y otros bienes a los núcleos familiares, sumado a la necesidad de liquidez para pagar créditos y deudas.

2-   La espacialidad habitacional, es decir, viviendas familiares de pocos metros cuadrados, espacialmente agresivas (escasa o nula ventilación interior, concentración de calor, sin mayores amenidades o distractores estéticos, donde predomina la visibilidad del cemento), con falta de condiciones de saneamiento básico, tales como el acceso al agua potable y disposición inadecuada de aguas residuales domésticas. 

Luego, después de un aproximado de 70 días de cuarentena, en los últimos días de mayo y principios de junio, nuestro país enfrenta un fenómeno “natural” del alto impacto, se trata de las tormentas de AMANDA Y CRISTÓBAL, las cuales según datos periodísticos y oficiales ocasionó un aproximado de 30 fallecidos, 29,968 familias afectadas, además de dañar más de 3000 viviendas. Cabe destacar que una buena parte de estas viviendas, quizá la mayoría, viven en suelos de riesgo a las inundaciones, deslizamientos, licuefacciones del suelo (donde el suelo se hace agua), y tsunamis, entre otros; basta recordar el colapso de un muro en comunidad Nueva Israel donde, al menos, dos casas fueron arrastradas por la crecida, y la inundación en Brisas de San Francisco que arrastró varios vehículos.

Es muy cierto que llamar a AMANDA Y CRISTÓBAL amenazas o fenómenos “naturales” es injusto para la naturaleza, y poco real para el histórico “desarrollo territorial” de El Salvador, pero ese tema podemos abordarlo en otra opinión.

En menos de un mes de los eventos antes dichos, el Órgano Ejecutivo, mediante la Cartera de Estado de Vivienda, ha anunciado dos ambiciosos proyectos para beneficiar a los afectados de las tormentas: Finca Bretaña, en San Martín (San Salvador), y El Espino, en Antiguo Cuscatlán (La Libertad).

Los videos que los anuncian en la fan page del Ministerio de Vivienda, enamoran a simple vista; salvo algunos detalles que quiero compartir, con la intención de develar esos enormes vacíos o desconexiones jurídicas entre leyes y leyes, leyes y realidad espacial y leyes y política urbanística pragmática, las cuales no se originan desde la presente gobernabilidad, sino que son deudas que provienen de muchos ejercicios anteriores.

1- ¿Podrán los proyectos “Espino” y “Bretaña” solventar la pérdida de todas las casas de familias afectadas?

2- ¿Cuáles son los estándares de espacialidad bajo las que se construirán estos proyectos?

3-   ¿Invitarán dichas casas a cumplir con el QUÉDATE EN CASA, de la actual pandemia o cualquier otra que seguramente vendrá?

4-   ¿Invitará la estética de los proyectos, a compartir en la distancia; a apreciar y aprender de la adaptabilidad de la biodiversidad urbana; a no encadenar la resiliencia de la familia, especialmente la de los más chicos, a la “bola negra” (black berry) de la tecnología?

5-   ¿De dónde saldrán los fondos para cumplir con la obligación social del Estado, de la vivienda de interés social?

Muchas de las respuestas a las anteriores preguntas, tienen que ver con vacíos/ausencias legislativas o normativas, que, por años, no se han querido abordar, por diversos intereses. Año con año, en cada época lluviosa, se nos recuerda que somos un país vulnerable, agravado, hoy, por lo aprendido en 2020 por causa del Coronavirus chino.

En la comunidad jurídica urbanística internacional, las respuestas a cada una de las cinco preguntas hechas pueden ser aglutinadas en un derecho fundamental, del que poco se habla en El Salvador: El Derecho a la Ciudad, el cual contiene las herramientas necesarias para el financiamiento de estos necesarios proyectos, donde las habitaciones no sean simples “cajas de zapatos”, que es la descripción de las casas que fueron hechas para aquellos que deben vivir en las “ciudades dormitorio”.

Desde el cruel “asesinato” del Instituto de Vivienda Urbana” (IVU), en 1990, en la gobernabilidad el Presidente Alfredo Cristiani, el enfoque de la vivienda como mercancía se incrementó exponencialmente.

No es cierto que los actuales proyectos de vivienda de interés social sean los primeros. Entre los años de 1950 a 1980, hubo una política muy seria de dignidad para los espacios de habitación de los sectores obreros, empleados, oficinistas y sector magisterial, que se generó gracias a las competencias de ley que se le concedieran al IVU.

Esos espacios han permitido que muchas familias hayan podido hacer frente a la pandemia, de una forma menos violenta. En el siguiente artículo analizaremos precisamente, en el marco de la COVID-19, AMANDA Y CRISTOBAL, cómo se cumple el famoso aforismo urbanístico que afirma: DIME DONDE VIVES Y TE DIRÉ QUE PUEDES SER Y HACER.

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