El documento presentado impediría investigar, encausar y sancionar graves delitos perpetrados durante la guerra civil en El Salvador y privaría a las víctimas al pleno acceso a la justicia.
Foto: ONU/Periódico Equilibrium.
El anteproyecto de ley de Reconciliación Nacional elaborado por el Diputado Rodolfo Parker y una comisión a su cargo, no es del beneplácito de las Naciones Unidas, según lo ha dejado ver explícitamente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Esa ley restablecería la práctica de una “amnistía absoluta e incondicional” de algunas de las serias violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra, entre 1980 y 1992.
Amnistiar a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad significa vulnerar el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, lo cual “sería un grave revés para El Salvador”, dijo Bachelet en Ginebra, Suiza.
La Corte Suprema de Justicia, tras declarar inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, en 2016, le ordenó a la Asamblea Legislativa elaborar una nueva ley de reconciliación para garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas y garantizar que esos hechos no se repetirían jamás.
Pero el proyecto elaborado por Parker como presidente de una comisión ad hoc, está lejos de ese encargo del Tribunal Constitucional de El Salvador, a juzgar por lo expresado por la ONU.
“En lugar de lograr estos objetivos, el anteproyecto presentado podría impedir que los derechos de las víctimas se cumplan y al otorgar impunidad a los autores de delitos graves, aumentarían la probabilidad de que esos hechos se repitiesen”, ha dicho Bachelet.