MSF constata en un informe que los bloqueos y las devoluciones de solicitantes de asilo a lugares donde sus vidas corren peligro han agravado la crisis humanitaria en la región.
Foto: Juan Carlos Tomasi/Médicos Sin Fronteras.
La población solicitante de asilo y migrante centroamericana se encuentra sin salida, atrapada por una combinación de barreras que suponen un riesgo para su salud física y mental, según el informe “Sin Salida” de la organización internacional médico humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), que se ha hecho público este martes 11 de enero, en Ciudad de México.
El informe se basa en 480 entrevistas y testimonios de migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos; así como en los datos y la experiencia de los equipos de MSF que atendieron a más de 26.000 personas a lo largo de la ruta migratoria durante los primeros 9 meses de 2019.
Los datos médicos evidencian los altos niveles de violencia, abuso y malos tratos sufridos por migrantes y refugiados en sus países de origen, a lo largo de la ruta de migración y bajo la custodia de las autoridades estadounidenses y mexicanas.
Estos niveles de violencia del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA, que comprende a Honduras, Guatemala y El Salvador) son comparables a los de las zonas de guerra donde MSF ha estado trabajando durante décadas y son un factor determinante del fenómeno migratorio.
“Los equipos de MSF han evidenciado que muchas personas han sido víctimas de violencia física, torturas, reclutamientos forzados por actores armados, violencia sexual dentro y fuera de la familia, amenazas directas, etc.”, menciona Stéphane Foulon, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en El Salvador.
“Estas personas buscan huir desesperadamente de estas situaciones y emprenden camino hacia el norte. En su ruta, se enfrentan con más violencia y se les prohíbe la estancia en los países donde podrían estar a salvo. Quedan atrapados y sin ninguna posibilidad de acceder a mecanismos de protección”.
La mitad de personas entrevistadas (45,8%) cita al menos un hecho violento como motivación para salir de sus países. Esta cifra se eleva al 61,9% si consideramos a la población que afirma haber estado expuesto a algún evento violento durante los dos años anteriores a su migración.
Más del 75% de las personas que viajan con menores de edad manifiesta que salieron de sus casas debido a la violencia, incluidos los intentos de reclutamiento forzado por parte de pandillas. Esta violencia se reproduce en su viaje por México: el 57,3% de las personas entrevistadas estuvo expuesta a algún tipo de violencia a lo largo de la ruta, incluidos casos de asaltos, extorsiones, agresiones sexuales y torturas.
Las políticas migratorias basadas en la criminalización, contención y disuasión aplicadas por los Estados Unidos (EEUU) y México incrementan los riesgos a los que se enfrentan migrantes y solicitantes de asilo.
Así, el denominado Protocolo de Protección de los Migrantes (conocido como ‘Quédate en México’) fuerza a aquellos que solicitan asilo en EEUU a permanecer en México, expuestos de forma recurrente a intentos de secuestro y otras situaciones violentas que ponen en riesgo su vida.
Solo en octubre de 2019, el 75 % de pacientes de MSF (33/44) obligados a permanecer en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo refirieron haber sido secuestrados durante varios días con fines extorsivos.
«Los solicitantes de asilo centroamericanos son perseguidos en México con fines extorsivos y sus vidas están en peligro», explica Sergio Martín, coordinador de Médicos Sin Fronteras en México. “Sin medidas efectivas de protección, quedan a merced de las redes de tráfico de personas y de las organizaciones criminales que se aprovechan de los más vulnerables. Todo esto tiene graves consecuencias para su salud física y mental».
La criminalización de la migración incrementa el riesgo para la salud y la seguridad de las personas.
MSF brinda atención médica y de salud mental en la ruta migratoria a personas que han sido detenidas y deportadas por los Estados Unidos y que relatan terribles condiciones de reclusión en los EEUU, en celdas frías (descritas en español como hieleras o congeladores) con las luces encendidas las 24 horas del día, con acceso limitado a atención médica, sin comida, ropa ni mantas adecuadas.
En México, los equipos también realizaron visitas a diferentes Estaciones Migratorias donde el hacinamiento, la atención médica insuficiente y la falta de recursos adecuados son denominador común. Los equipos trataron a personas con enfermedades infecciosas y diarrea, así como a víctimas de violencia y, en especial, con necesidades acuciantes de atención psicológica.
Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos y los acuerdos bilaterales entre los diferentes Gobiernos de la región suponen el desmantelamiento de facto de las políticas de protección. Dejan a los refugiados y solicitantes de asilo sin países a los que acudir en busca de protección y sin opciones para escapar de la violencia.
La inseguridad, la violencia generalizada y la falta de adecuados mecanismos de protección tienen un claro impacto en la salud física y mental de los pacientes que MSF atiende.
Además de las patologías propias de una población en tránsito en condiciones precarias (infecciones respiratorias, afectaciones cutáneas o problemas osteomusculares agudos, entre otros), los equipos de MSF tratan contusiones, abusos sexuales, violaciones y diversas heridas producidas durante los asaltos y los secuestros.
La violencia es una de las causas principales por la que los pacientes recurren a los servicios de salud mental con cuadros de ansiedad, depresión o estrés post-traumático.
«El bloqueo a la obtención de asilo y la devolución de la población a lugares donde su vida está en riesgo han agravado la crisis humanitaria en la región», denuncia Marc Bosch, coordinador de los programas de MSF en América Latina.
“Estados Unidos y México tienen que incorporar la dimensión personal a la hora de diseñar las políticas migratorias, garantizando que las víctimas de la violencia tengan acceso a asistencia humanitaria, servicios de salud y protección. Todas las personas, independientemente de su estatus legal, merecen ser tratadas con dignidad”.