Todo el sistema de justicia le falló al joven residente en Guazapa cuando fue capturado bajo cargos de secuestro señalado por un testigo criteriado que habría sido un policía vinculado con delincuentes.
Foto: Periódico Equilibrium.
José Agapito Ruano Torres estaba realizando labores agrícolas para sobrevivir cuando fue sorprendido por la Policía Nacional Civil en 2000.
Tras torturarlo y obligarlo a que se hiciera cargo del secuestro de un empresario de buses de la localidad, que nunca cometió, lo sometieron a la “justicia” del que él mismo ha llamado el sistema corrupto e impune y que la lidera, dijo en su discurso, la Corte Suprema de Injusticia.
Este año cumpliría su condena de 15 años que le impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, pero fue beneficiado con la libertad condicional en 2013, a lo cual la Fiscalía General de la República se opuso pero no logró que Ruano Torres siguiera en el injusto encierro.
La placa se le ha develado en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha condenado al Estado salvadoreño, por una deficiente actuación de la defensoría penal (Procuraduría General de la República, PGR) que permitió que lo condenaran a la pena de prisión el 5 de octubre de 2001.
Falló todo el sistema, dese sus captores, hasta su propia defensa. Por eso es que se ha pedido que cinco jueces, uno de Paz, uno de Instrucción y tres de Sentencia, así como todos aquellos que intervinieron en la deficiente “investigación” sean investigados y procesados.
De todas esas personas, solo dos han renunciado a sus cargos y son dos abogados defensores de la PGR; una más sigue en su cargo y contra esta se ha abierto una investigación confirmó la titular de la PGR, Sonia Cortez.
Tanto el Canciller, Hugo Martínez, como la Procuradora Cortez, han reconocido la falla del Estado en este caso y han pedido disculpas previo a develar la placa re resarcimiento de daños en cumplimiento de la orden internacional, pero advirtieron que no fue en su período cuando ocurrieron los hechos y que solo cumplían la sentencia que le impuso a El Salvador la CIDH.
Lea un reportaje sobre el caso el próximo fin de semana.