Davivienda acepta públicamente que pagará $49.3 millones a cafetalero

Abogado Luis Mario Pérez Bennett: “Es comprensible su frustración técnica e incluso su inconformidad con la correcta aplicación de la ley de los tribunales y Salas de nuestro país que conocieron el caso. Pero otra cosa es no saber perder y esgrimir ahora y extemporáneamente cualquier cosa carente de verdad y de humildad académica y profesional” (en relación que la anunciada posible demanda ante el CIADI).

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El banco Davivienda El Salvador, condenado a subsanar los abusos cometidos contra uno de sus clientes ha admitido públicamente que cumplirá las sentencias judiciales de pagar una millonaria indemnización al cafetalero José Antonio Salaverría.

Este empresario, Ingeniero de profesión, esperó aproximadamente 12 años para que se hiciera justicia en el caso que significó la quiebra de su empresa IJASAL.

Mediante un campo pagado en medios escritos, Davivienda anunció que acata el fallo emitido por la Sala de lo Constitucional de pagar al empresario Salaverría más de $49.3 millones, por el incumplimiento a un convenio firmado entre el favorecido y tres instituciones financieras.

A penas horas antes de este anuncio de Davivienda, los abogados del banco hablaron de la posibilidad de un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Esto, debido a una supuesta retardación de justicia que el bufet atribuye a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, este planteamiento no procede porque la Sala emitió una sentencia conforme a los plazos establecidos por la ley.

Tal posición del equipo jurídico, supondría que el compromiso de pago al empresario realmente no está firme de parte de la entidad financiera afectada, pero dice en su comunicado que “Banco Davivienda procederá a cumplir lo ordenado por la Sala de lo Civil de la forma y modo que se defina en el tribunal respectivo”; no se refiere en ningún momento a la intención de los abogados de acudir al CIADI.

Al respecto, el abogado del cafetalero, Luis Mario Pérez Bennett, dijo que le “parece poco serio e inviable jurídicamente esa acción, si la intentaren”.

Según el abogado, en este “planteamiento y amenaza, sin fundamento”, existe “un problema conceptual de lo que es el Estado de El Salvador”.

El comunicado de Davivienda “quisiera interpretarlo como que el banco va a cumplir la resolución de los tribunales nacionales. Que aceptan que han perdido este caso. Lamentaría que solo fuese un llamado a los  ahorrantes y clientes del banco con el fin de evitar una estampida de los mismos por el resultado de este caso perdido en que se les condena y obliga a pagar más de 49 millones de dólares, después de ser vencidos en todas las instancias legales  y con arreglo o a las leyes del país”.

Tal y como se manifestó en otro comunicado publicado en junio de 2019, esta institución financiera cuenta con las garantías suficientes, y el respaldo de su casa Matriz Banco Davivienda de Colombia para enfrentar esta contingencia sin que cause cualquier tipo de afectación en sus operaciones, reseñó el banco.

El Juzgado Primero de lo Mercantil ha ordenado que Davivienda, antes HSBC, pague esa cantidad de dinero a Salaverría en concepto de indemnización, por daños y perjuicios ocasionados al embargarle de forma arbitraria beneficios de café y otras propiedades, por un supuesto incumplimiento de pago por parte del empresario, según consta en el expediente judicial.

Según el análisis de Pérez Bennett, con esa idea, que la calificó de descabellada, de querer demandar al Estado de El Salvador, hay varios puntos legales que harían ineficaz e inadmisible ese intento.

Agregó que el Amparo lo promovió Davivienda no HSBC. El Órgano Judicial es parte del Estado de El Salvador y ese Órgano Estatal es donde se ha ventilado todo el proceso, conforme las leyes del país durante 12 años. Nunca hubo queja del banco durante ese período contra ese órgano estatal mientras ellos lo demoraban con mecanismos  y malabarismos legales, solo con fines dilatorios para impedir ser condenados y pagar lo que a derecho corresponde, reflexionó el abogado de Salaverría.

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